La Constitución Española define nuestro Estado como social y democrático de Derecho en su artículo 1. Aunque algunos pasan de puntillas y otros directamente lo pisotean, hay que tener presente que un Estado social debe velar por el bienestar de su ciudadanía a lo largo de todas las etapas de la vida, también en la vejez. Además, nuestra Constitución en el art. 50 lo concreta en los siguientes términos: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
Vale la pena detenerse a analizar lo que la Carta Magna exige a los poderes públicos y que no es otra cosa que la suficiencia económica a la ciudadanía durante la tercera edad y le dice además como debe hacerlo: mediante pensiones adecuadas y “periódicamente actualizadas”.
¿Qué son pensiones adecuadas? Puede parecer un concepto abstracto y en cualquier caso altamente subjetivo, pero deja claro que serán adecuadas aquellas que les permitan tener suficiencia económica, dicho de otro modo, que económicamente (al menos) les permita llevar una vida digna. Añade además un elemento que para CCOO es central, su actualización periódica. Sobre este tema vale la pena desarrollar unas pocas líneas. Si recordamos el tan denostado por algunos, Pacto de Toledo, en el mismo, entre otras cosas se consiguió apartar la actualización de las pensiones del debate político-partidista. Un mecanismo simple que vinculaba el incremento anual de las pensiones a la evolución del IPC y que por tanto con un efecto directo muy claro, mantener el poder adquisitivo de la pensión durante toda la vida de la persona pensionista. Recordemos que este mecanismo fue atacado en su momento por el PSOE al congelar las pensiones el año 2011 y destrozado posteriormente por el PP al imponer de manera no pactada el Índice de Revalorización de Pensiones que desvincula el incremento de las mismas de la evolución del IPC.
Antes de adentrarnos en las últimas reformas y sus efectos, creo que es importante recordar que otro elemento constante en la debate de las pensiones desde finales del siglo pasado, el mantra de “el sistema público de pensiones es insostenible” y ante tal apocalíptica afirmación, se han elaborado propuestas de todo tipo que bajo la promesa de hacer “sostenible” el sistema, lo han ido transformando en “insuficiente” (al reducir la cuantía de las pensiones y evitar su actualización) e “inaccesible” (elevando los requisitos de acceso lo que minimizará la prestación de muchas personas). En este sentido, siempre me ha resultado muy revelador recordar como para el año 2.000 se presagiaban grandes males para la humanidad en general y para el sistema público de pensiones en particular.
Algunos recordaréis como se anunciaron tres acontecimientos importantes, dos de los cuales iban a afectar al conjunto de la población mundial y el tercero sólo a los españoles y españolas (en el supuesto caso de haber superado los dos anteriores). El primero de ellos era el “efecto 2.000” que iba a inutilizar todos los ordenadores del planeta. Mucho se escribió sobre aquello y algunos, los más previsores no repararon en gastos para hacerle frente. Diecisiete años después podemos arriesgarnos a afirmar que aquello no produjo el efecto esperado (o al menos se está retrasando bastante). El segundo acontecimiento, más preocupante si cabe que el anterior, fue la predicción del polifacético diseñador Paco Rabanne de que ese mismo año 2.000 llegaría el fin del mundo (lo cual colocaba el problema informático en un segundo plano). Con los datos que dispongo, me puedo arriesgar a aventurar que tampoco esto sucedió. El tercer acontecimiento, cuyos efectos se circunscribirían exclusivamente al ámbito nacional, fue la predicción por parte del BBVA de la quiebra del sistema público de pensiones (no nos consta que fueran asesorados por Paco Rabanne) y por supuesto, como no podía ser de otra manera, la altruista propuesta por parte del BBVA en particular y por el sistema bancario en general de que nos hiciéramos planes de pensiones privados. Bueno, casi dos décadas después de todo aquello, y a pesar de las múltiples agresiones sufridas por quienes anunciando su fin no paran de toquetearlo, nuestro sistema público de pensiones goza de mejor salud que cualquiera de los privados.
Analicemos ahora en que situación se encuentran por un lado la sostenibilidad del sistema y por otro como se está garantizando que las pensiones sean “adecuadas y periódicamente actualizadas”.
Como sabemos, el sistema publico de pensiones español, es un sistema contributivo y de reparto que se sostiene sobre la solidaridad intergeneracional (los activos de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy). Se trata de un sistema contributivo por nutrirse de las aportaciones que realizamos trabajadores y empresarios y por ser precisamente el hecho de haber realizado esas aportaciones, lo que nos da derecho a percibir llegado el momento, la pensión correspondiente. De esta breve explicación se puede deducir una primera idea: para que el sistema sea sostenible, debe existir un equilibrio entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Ha sido una obsesión de los últimos gobiernos, a la que ha contribuido de forma importante la presión del lobby financiero, el extender la idea de que la sostenibilidad solo era posible actuando sobre los gastos del sistema. Con esa premisa como base para todas las “propuestas” que se han ido elaborando, han jugado con factores como “retrasar la edad de jubilación” (hacer que la gente contribuya durante más tiempo, para cobrar durante menos), “endurecer los criterios de acceso” (exigir más años cotizados para acceder al 100% de la pensión), “eliminar la actualización automática vinculada al IPC” (con lo que las pensiones no crecen al mismo ritmo que el coste de la vida y los pensionistas pierden poder adquisitivo), etc.
Los gobiernos han hecho durante todo este tiempo oídos sordos a las propuestas que desde CCOO y también desde algunos partidos de izquierdas se han ido realizando, de poner el foco en los ingresos. Es ahí donde se puede actuar para hacer real aquello que la Constitución establece como derecho para todas las personas, las pensiones adecuadas y actualizadas.
Actuar sobre los ingresos se puede hacer de diferentes formas. Una primera es generando más y mejor empleo, actuando también sobre los salarios, incrementando el SMI lo que habría supuesto, no solo la mejora directa de condiciones de vida para muchos trabajadores y trabajadoras, sino también, el incremento de las bases mínimas de cotización y de la recaudación. No olvidemos que las cotizaciones dependen de manera directa de los salarios.
En esa misma línea de incrementar los ingresos, se ha planteado la necesidad de incrementar las bases de cotización máximas. Esta medida, además de incrementar ingresos, según nuestros cálculos, unos 8.626 millones de euros/año más de cotización, también supondría dotar de mayor equidad al sistema ya que hoy, los salarios más bajos soportan una cotización mucho más alta que los salarios más altos y por tanto, contribuyen en mayor medida al sostenimiento del sistema.
Se han propuesto más medidas, como que los gastos de gestión de la Seguridad Social, corran a cargo de los presupuestos generales del estado (como ocurre con el resto de administraciones del Estado) y no a cargo de las cotizaciones de empresas y trabajadores. Esta medida supondría un ahorro anual de más de 2.640 millones de euros.
Convertir los programas de reducciones a la contratación en programas de bonificación con lo que las políticas activas de empleo pasarían a ir a cargo de los PGE en lugar de hacerlo con cargo a la Seguridad Social (600 millones de euros en 2013).
Estas medidas junto con algunas más y una decidida persecución del fraude a la Seguridad Social en nuestro país, supondría un incremento de los ingresos que podría ir mucho más allá del pretendido ahorro que el ejecutivo persigue a través de la imposición del Factor de Sostenibilidad y el Índice de revalorización de Pensiones.
A modo de conclusión, señalar que aunque hay multitud de elementos que condicionan la estabilidad de nuestro sistema público de pensiones, ninguno de ellos por si solo es determinante, como se ha querido señalar al apuntar por ejemplo aspectos demográficos y de esperanza de vida descontextualizándolos de otros elementos como la evolución de los salarios y de la productividad. El jugar con todos ellos de manera ponderada es lo que nos puede y nos debe permitir, en la línea de las propuestas lanzadas por CCOO, dotar al sistema de sostenibilidad, incrementando los ingresos, para poder mantener la calidad del mismo y sus niveles de cobertura, sin olvidarnos, que el mandato constitucional, el Pacto de Toledo e incluso la misma Ley General de la Seguridad Social, no cierran la puerta a que en caso de necesidad, se pueda financiar, también por vía presupuestaria. Por ello CCOO, va a seguir defendiendo un sistema público de pensiones sostenible, actualizado y que garantice la vida digna de las personas. Es urgente un cambio de políticas que generen empleo estable y de calidad; derogar las reformas laborales, mejorar los salarios y reforzar las redes de protección social. Sin ese cambio de rumbo la crisis nunca terminará para la mayoría social, para la clase trabajadora. Es una exigencia social, económica y democrática.
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