Recuperemos los servicios públicos.

A raíz de las propuestas que algunos partidos políticos han hecho en la campaña electoral previa a las últimas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, se ha vuelto a poner el foco sobre la recuperación por parte de las administraciones de determinados servicios públicos. El debate no es nuevo ni son los grupos políticos los primeros en ponerlo sobre la mesa. Un poco de memoria se hace necesaria para saber de donde venimos, donde estamos y hacia donde deberíamos ir.

Llevamos algunas décadas ya de procesos privatizadores impulsados desde las distintas administraciones y ejecutados con igual desparpajo por gobiernos del PP y del PSOE. Procesos que se han caracterizado por esconderse detrás del tan cacareado mantra “lo público es ineficiente, la gestión privada es más eficiente, ofrece mayor calidad y resulta más económica”. El tiempo y un análisis mínimamente riguroso del funcionamiento de todos esos servicios públicos han servido para desmontar esa absurda creencia que tantas veces hemos denunciado desde el sindicato. Los procesos de privatización de servicios públicos han sido fundamentalmente procesos poco transparentes, que han primado el interés particular de unos pocos frente al interés general de los administrados, procesos que en no pocas ocasiones se han situado en el epicentro de tramas de corrupción que han escrito y siguen escribiendo las páginas más vergonzosas de nuestra maltrecha democracia.

Comisiones Obreras ha mostrado, desde siempre, un rechazo frontal al proceso de privatización de servicios públicos, que además, y lamentablemente el tiempo ha demostrado que tan sólo ha servido para encarecer el servicio o deteriorar su calidad. Ambos elementos con efectos perversos sobre los trabajadores tanto en su condición de ciudadanos y usuarios de los mismos como en el más estricto sentido de trabajadores y trabajadoras que los prestaban, en peores condiciones laborales y con niveles de precariedad creciente.

La necesidad de contar con unos servicios públicos de calidad es una reivindicación constante de CCOO, y el estado de deterioro en que la acción de los diferentes gobiernos (tanto municipales como autonómicos o estatal) ha situado algunos de ellos, ha sido denunciado por activa y por pasiva. Una vez identificado el problema y definida de manera clara la posición que desde CCOO defendemos respecto a la prestación de servicios públicos, la cuestión es qué hacer con toda la infinidad de servicios y actividades que se han ido privatizando a lo largo de las últimas décadas.

Sería un error mayúsculo caer en la tentación de pensar que existe una solución aplicable a todos los procesos de recuperación de servicios públicos que pudieran iniciarse. Las diferencias entre unos y otros son enormes, en algunos casos marcadas por el diferente funcionamiento de la administración que puede llevar a cabo la recuperación (administración local, autonómica o estatal).  La naturaleza del servicios que se pretende recuperar también incorpora elementos diferenciadores, no se puede actuar de igual modo y desde luego no existe una fórmula en el terreno laboral que permita pensar en una única respuesta a los diferentes procesos de reversión, por citar sólo dos ejemplos, no se puede gestionar igual la recuperación de servicios sanitarios o educativos que la de determinadas actividades auxiliares vinculadas a cualquier administración.

Entrando en el estricto debate laboral sobre como se debe actuar y que líneas rojas nos podemos encontrar en estos procesos, considero que debemos ser capaces de casar, por un lado el cumplimiento de los requisitos constitucionalmente establecidos de acceso al empleo público (capacidad, mérito y publicidad), con el derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores y trabajadoras que vienen desarrollando su actividad laboral en las empresas privadas que venían prestando los servicios que ahora se pretende recuperar por parte de las diferentes administraciones.

Ser capaces de hacer posible lo segundo sin vulnerar lo primero, no es tarea fácil y además, como ya hemos dicho, difícilmente lo que se pueda hacer en un caso concreto sea posible hacerlo en otro diferente.

CCOO defiende el derecho al trabajo, a un trabajo estable y de calidad y en ese sentido es perfectamente consciente de que el proceso de recuperación de servicios públicos por parte de las administraciones públicas no puede, ni debe, convertirse en un mecanismo de expulsión de sus puestos de trabajo de miles de trabajadores que venían desarrollando su actividad, en algunos casos durante muchos años, en empresas privadas en condiciones de estabilidad laboral. Dicho de otra manera, la recuperación de servicios públicos no puede ser un factor de inestabilidad laboral para las personas que venían prestando esos servicios.

Al mismo tiempo y como ya hemos comentado, el acceso al empleo público supone  el cumplimiento de una serie de requisitos de carácter constitucional y por tanto no cabe la posibilidad de incorporar como trabajadores públicos a aquellos que no hayan accedido a su puesto de trabajo cumpliendo dichos requisitos.

Esta situación, que a primera vista pudiera parecer un callejón sin salida, se explica en buena medida por el propio desarrollo de los procesos de privatización así como por la evolución legislativa de las últimas décadas que iba habilitando mecanismos de expulsión de lo público y por tanto, que marcaban el camino en una dirección concreta, justo la contraria de la que nosotros siempre hemos defendido y que los partidos políticos que han accedido a los diferentes gobiernos a partir de las últimas elecciones municipales y autonómicas quieren emprender. No contar con una legislación que facilite hacer ese camino, es una dificultad añadida que habrá que salvar.

Aunque experiencias ya tenemos algunas y como ya se ha señalado no existe una fórmula universal para aplicar a estos procesos, considero que hay elementos (en materia laboral) que deben ayudar a encontrar los caminos que hagan posible recuperar la prestación de los servicios. La figura de construcción jurisprudencial del “indefinido no fijo” podría ser un punto de partida (no necesariamente de llegada).

Manteniendo la laboralidad de la relación, la estabilidad del empleo se mantendría en similares condiciones a las que se daba en la empresa privada, al jugar en este caso los mismos mecanismos de extinción del contrato de trabajo que se dan en cualquier relación laboral y las últimas sentencias han venido a aclarar de manera positiva el tratamiento indemnizatorio que correspondería.

Una breve referencia a los cambios que se han producido en materia indemnizatoria respecto a esta figura contractual (indefinido no fijo) de construcción jurisprudencial (no existe norma legal de creación de esta figura) ya que se ha pasado de asimilarlo a una suerte de interino sin derecho a indemnización, lo que convertía la relación laboral en absolutamente precaria (la simple amortización o cobertura de la plaza conduciría a la extinción contractual sin derecho a indemnización), hasta la reciente interpretación del Tribunal Supremo donde en una primera etapa se asimila la extinción a la finalización de un contrato de duración temporal y por tanto con derecho a la indemnización prevista para estos y en una más reciente todavía donde el TS asume como propias las tesis y reivindicaciones que en materia indemnizatoria se había hecho desde CCOO de acudir a los procedimientos establecidos en los artículos 51 y 52 del estatuto de los trabajadores (despidos colectivos y despidos objetivos), con lo que se establecen las indemnizaciones que para tales supuestos marca la ley, notablemente superiores a las establecidas para las finalizaciones de contratos temporales. Con esta última posición del TS se sitúa en las posiciones defendidas desde siempre por CCOO y casa perfectamente (por fin) con la normativa europea en esta materia.

Tal vez el siguiente paso (ya anticipaba que la figura del indefinido no fijo podría marcar el principio del camino, pero no el final), deba darse en la dirección marcada por la Ley 15/2014 de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa donde se incorpora la condición de “a extinguir” de las plazas que son “recuperadas” por la administración pública como fruto de los procesos de racionalización del sector público. La característica adicional que se incorporaría por esta vía es la limitación de las posibilidades de extinción de la relaciona laboral comentadas en los párrafos anteriores al limitarlas a las vacantes que se pudieran producir por “fallecimiento, jubilación o cualquier otra causa legal” y descartando por tanto la posibilidad de amortización, de convocatoria alguna para la cobertura de la plaza, lo que supone reforzar la estabilidad en el empleo de los trabajadores o trabajadoras afectados.

En cualquier caso y a modo de conclusión, se hace necesario repetir que no existe una fórmula única aplicable a todos los casos, que la negociación debe guiar estos procesos de recuperación de lo público, que es fundamental antes de iniciar los procesos un análisis riguroso de qué y cómo, evitando que se pueda convertir en un proceso de socialización de perdidas frente a los anteriores procesos de privatización de beneficios. Y fundamentalmente tener muy presente que nuestro objetivo siguen siendo unos servicios públicos de calidad para el conjunto de la ciudadanía como elemento vertebrador de una sociedad más justa, donde los trabajadores y trabajadoras que los presten disfruten de unas óptimas condiciones laborales.   

Lo que esconden los números del paro*

La reducción del número de desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo y el incremento de afiliados a la Seguridad Social, son hechos incuestionables, que, en principio, podrían invitar a una valoración positiva. Ahora bien, aplaudir estos números sin más, como parece ser la intención del Gobierno y sus corifeos, resulta un ejercicio tramposo a la vez que  peligroso.

Lo que se esconde detrás de estos datos son tres elementos que nos deben hacer dudar del modelo de crecimiento por el que el Ejecutivo sigue apostando, y que supone salir de la crisis por la misma puerta por la que entramos. Esos tres elementos son la estacionalidad, la temporalidad y la parcialidad.

Los datos positivos en cuanto a reducción del número de desempleados hay que relacionarlos con el repunte de actividad que se produce durante los meses de verano en el sector de servicios vinculado a la hostelería y restauración. Este tipo de empleo que tiene un carácter profundamente estacional no puede ser considerado como creación de empleo estable, ya que una vez acabe la campaña estival, finalizarán estas contrataciones.

Otro elemento que necesariamente hay que observar es la temporalidad en la contratación. Se sigue usando y abusando del contrato de duración determinada, independientemente de que la necesidad de mano de obra sea de carácter estructural y por tanto indefinida. Se ha convertido en costumbre que un trabajador deba pasar previamente por un calvario de contratos temporales para alcanzar uno indefinido, como si la ley obligase a eso. Mientras más del 90% de los contratos que se firman continúen siendo de carácter temporal, hablar de recuperación y de crecimiento seguirá siendo un engaño que solo servirá para seguir construyendo una economía con pies de barro.

Portada del informe publicado por la
Fundación Primero de Mayo de CCOO

La mayor flexibilidad concedida a la contratación parcial y los escasos mecanismos de control, producto de las últimas reformas laborales, son una invitación clara a este tipo de contratos, con independencia de las jornadas reales que se realicen. ¿Quién no conoce a alguien contratado a media jornada y que no trabaja menos de 8 ó 9 horas al día? Contratos que ofrecen escasas garantías al trabajador (mínima cotización para la futura cobertura por desempleo o la jubilación) y que suponen un agujero negro para la cotizaciones sociales, precisamente cuando se discute, de manera interesada, la viabilidad del sistema contributivo de protección social, incluidas las pensiones.

Así pues, estos tres elementos, estacionalidad, temporalidad y parcialidad, son los que deberían centrar el debate del modelo de relaciones laborales que estamos construyendo, marcadamente débil y arbitrario. Y mientras lo hacemos, no olvidarnos de que existen más de cinco millones de personas en desempleo, según datos de la Encuesta de Población Activa. Pasar por alto que solo el 55% cobra algún tipo de prestación, mientras que el resto no percibe ningún tipo de ingreso, supone no ser consciente de la situación de extrema gravedad que sigue sufriendo una buena parte de nuestra población. Solo el 36% de las prestaciones son contributivas, el resto son asistenciales.

Demasiadas personas sin trabajo, demasiadas personas sin ingresos. Al mismo tiempo, la convicción de que encontrar un trabajo hoy no es garantía de conseguir un nivel de ingresos que permitan una vida digna. Es necesario impulsar una prestación de ingresos mínimos que permita alejar de la situación de pobreza en la que se encuentran, o se podrían encontrar, cientos de miles de trabajadores.

O somos capaces de cambiar toda esta lógica o estaremos construyendo un mercado de trabajo precario, subsidiario de otros de la UE. Y un mercado de trabajo precarizado es incapaz de mantener una sociedad avanzada, con derechos, libertades y unos niveles de bienestar y protección social propios del primer mundo. Y esto solo se puede conseguir a través de una decidida apuesta por cambiar el modelo productivo y por revertir las últimas reformas laborales. 

* Artículo publicado en www.valenciaplaza.com el 08/08/2015 - http://www.valenciaplaza.com/ver/162563/-lo-que-esconden-los-numeros-del-paro.html

¿Hay futuro para la I+D+i en el País Valencià?

Hay una frase que hemos escuchado de boca de todos los actores posibles en el ámbito de las relaciones laborales. La han dicho políticos de distinto signo, la han repetido hasta la saciedad empresarios y también sindicalistas. Es necesario un cambio de modelo productivo. Ya esta dicho, una vez más...

En qué debe consistir ese cambio y para qué, creo que es fundamental aclararlo. El cambio debe consistir en una apuesta por la industria de manera clara y expresa. Hay que recordar que en el País Valencià, la destrucción de tejido industrial es previa a la aparición de la última crisis, en momentos de bonanza económica ya se destruía industria y empleo industrial. Las políticas del gobierno estatal, y especialmente el autonómico, incentivando el desplazamiento de las inversiones hacia sectores altamente especulativos como la construcción residencial en nuestro caso, hizo crecer una burbuja que, con su explosión, nos llevo a encabezar todos los ranking de destrucción de empleo y precarización de trabajo y de vida de la población.

El para qué del cambio de modelo productivo, es donde con total seguridad los distintos actores defenderemos objetivos diferentes. Para el movimiento sindical supone una apuesta por un modelo de empleo estable y con derechos. Donde la participación de los trabajadores en la toma de decisiones sea un elemento esencial de la democratización del mundo del trabajo. Alejándonos del modelo que se impulsa desde las últimas reformas laborales. No hay que olvidar que la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población está directamente vinculada con sus condiciones laborales, en un primer momento a través de su salario directo, pero también cuando se deja de trabajar, sea por situación de desempleo, incapacidad o jubilación, las prestaciones tienen una vinculación directa con el salario que se venía percibiendo y por tanto dignificar los salarios conduce, entre otras cosas, a la dignificación de las prestaciones sociales.

Durante la crisis, a la destrucción de empleo y de tejido industrial hay que sumar la miopía de nuestros gobernantes, que a la hora de decidir políticamente sobre la asignación de los (ahora sí) escasos recursos existentes, se olvidan de mantener lo que podría suponer la base más sólida para el crecimiento de nuestra economía, apostar por los sectores con más valor añadido. Esto habría exigido reforzar la red de institutos tecnológicos, como el elemento clave para garantizar el impulso de la I+D+i en un territorio como el nuestro, con escasas posibilidades de hacerlo directamente desde las propias empresas dada la dimensión de las mismas, pyme y micro-pyme.

Impulsar pues los Institutos Tecnológicos se convierte en necesidad urgente si se quiere apostar de verdad por un cambio de modelo productivo. El hecho de que estemos por debajo en inversión pública de la media española y que a su vez España esté lejos (también por debajo) de la media europea nos da una dimensión del camino que nos queda por recorrer. Los países más avanzados han apostado durante la crisis por mantener la inversión publica en estas partidas, nosotros, por el contrario, las hemos reducido a la mitad (partiendo de valores ya de por si bajos).

La financiación de la I+D+i, es otro tema que tendremos que abordar, en los últimos años hemos visto como hemos ido pasando de subvenciones que se pagaban con cierta normalidad a los retrasos generalizados en el pago de las mismas que ha hecho a los institutos tecnológicos (al igual que a tantas otras instituciones en el País Valencià) incurrir en gastos financieros inasumibles que les ha lastrado (cuando no hundido) sus posibilidades de ejecución de programas. Posteriormente se ha ido pasando de las subvenciones a los prestamos que suponen una menor implicación desde la administración en el desarrollo de políticas de I+D+i y cerrar la puerta a muchas posibilidades. Todas estas medidas han llevado a importantes reducciones de plantilla y recortes en condiciones de trabajo en la práctica totalidad de los institutos. Establecer un mecanismo de impulso estable y seguro desde el punto de vista económico y jurídico debe ser una prioridad, los vaivenes de los últimos años han tenido un coste desmesurado, tanto en oportunidades desaprovechadas como en perdida de puestos de trabajo. No olvidemos que se trata de personal altamente cualificado, que ha supuesto un esfuerzo económico importante tanto por su formación como por su experiencia y que de este esfuerzo se están beneficiando otras economías por la miopía política del Consell durante los últimos años.

Otro elemento vinculado a este es la necesidad de abordar planificaciones plurianuales. No tiene ningún sentido el esquema de funcionamiento que mantenemos, ya que supone un divorcio absoluto con la realidad de los programas de investigación, desarrollo e innovación que suelen abarcar diferentes años. La flexibilidad en estos temas y la simplificación burocrática son imprescindibles. Actualmente la burocracia que envuelve la concesión de estas ayudas juega un papel de desincentivación a los aspirantes, más que de mecanismo de fiscalización y control del correcto uso de las mismas. No es comprensible que se pierdan recursos y posibilidades por estas rigideces que no suponen una mejor fiscalización (siempre necesaria y exigible) de la utilización de los recursos públicos. Tenemos un sistema que supone que una parte importante de las inversiones que deberían servir para impulsar la I+D+i acaba convirtiéndose en gasto financiero y por tanto subvencionando a la banca en lugar del Instituto Tecnológico para el que se diseñó la ayuda.  

En definitiva, se trata de apostar (de verdad) por un cambio de modelo productivo, que exige como elemento necesario, pero no suficiente, replantearse el papel de los institutos tecnológicos, potenciando su vinculación con las empresas y con las universidades. Hacerlo en un marco de relaciones laborales e institucionales más abierto y participativo que suponga la llegada, con más de cuarenta años de retraso, de la democracia a los centros de trabajo.

Carta abierta al nuevo Conseller de economía sostenible, sectores productivos, comercio y empleo.

Hoy se ha dado a conocer el nuevo gobierno valenciano. Lo primero es felicitar y agradecer la valentía de todas las personas que desde hoy asumen la nada fácil tarea de llevar las riendas del gobierno autonómico en un contexto como el actual. Estamos en una situación de alarma social en la que el paro, la pobreza y la ausencia de políticas sociales adecuadas para paliar estas situaciones, están condicionando la vida de la mayoría de la ciudadanía. Hacer frente a ello, debe ser el primero de sus objetivos.

Mucho se viene escribiendo durante las últimas semanas sobre lo que esperamos del nuevo gobierno, los trazos gruesos de unas políticas diferentes a las que veníamos padeciendo que hagan recuperar la confianza de la ciudadanía con sus gobernantes. En unas pocas líneas quiero trasladarle al nuevo responsable de Economía sostenible, Industria, Ocupación y Turismo, lo que en mi opinión, debe ser una prioridad en el marco de las relaciones laborales y la política industrial.

En primer lugar, como responsable de un una Consellería que le obligará a mantener contactos constantes con el mundo del trabajo y por tanto con los sindicatos y las patronales, que trate de entender como otros no fueron capaces de hacerlo, que el dialogo social es un instrumento útil para todos. Que a los trabajadores nos debe servir para intervenir en cuestiones que nos afectan como ciudadanos y que no se pueden abordar en la negociación colectiva, todo aquello que tiene que ver con el salario diferido y que condiciona de manera clara y directa nuestra calidad de vida y nuestras posibilidades de desarrollo. Y que al gobierno le sirve para permitir el impulso de políticas que cuentan con un respaldo social mucho más amplio y participado. Por otra parte, considero que es importante revisar y redefinir muchas cosas, cambiar inercias, reorganizar políticamente la administración para que sea capaz de dar respuesta rápida y eficaz a las demandas de una sociedad (y de un mercado de trabajo) que ha cambiado mucho y muy rápido, alejándose de las instituciones que en demasiadas ocasiones se perciben como anacrónicas en su funcionamiento. Esto nos debería exigir evaluar los instrumentos y los espacios de participación y adaptarlos a la nueva realidad para dotarlos de mayor eficacia. Lo importante no es reunirse, sino que las reuniones sirvan para impulsar políticas que permitan cambiar el modelo productivo, democratizar las relaciones laborales, anticipar respuestas a los conflictos, etc...

En segundo lugar, recordar que el País Valencià tiene una tasa de desempleo superior a la media nacional, unos salarios inferiores y un tejido productivo extraordinariamente castigado por la apuesta estratégica de las últimas décadas. Revertir esta situación no es fácil y lo sabemos, pero no imposible, solo podremos hacerlo si diseñamos un plan de trabajo ambicioso a la vez que sensato, evitando los atajos que nos llevaron donde estamos, analizando necesidades reales y priorizando inversiones. En mi opinión esto nos obliga a repensar muchas de las cosas que se venían haciendo, desde la política industrial a la oferta de servicios.

En tercer lugar pero tan importante como los anteriores y no menos urgente, existen en nuestra comunidad demasiadas personas viviendo bajo el umbral de pobreza, que esta crisis y las políticas austericidas han arrastrado hasta situaciones dramáticas que necesitan una respuesta inmediata por parte de la administración. Se debe entender Que las prestaciones sociales no son privilegios sino derechos, que la distribución de competencias entre autonomía y estado no puede seguir siendo la excusa que deje a las personas sin esa necesaria red de protección. El nuevo Consell y el nuevo Conseller tienen la oportunidad de demostrar que los derechos sociales reconocidos en la Constitución Española y en infinidad de leyes que la desarrollan, no son palabras vacías, sino derechos reales y que por tanto, una de sus prioridades será garantizar su concreción en beneficio de todas aquellas personas que tanto lo necesitan.

Acuerdo del Botánico

Nunca, en la historia reciente del País Valencià, un acuerdo fue tan deseado, independientemente del contenido concreto del mismo. Tal vez sea empezar muy fuerte, pero veinte años de gobierno del PP y convertir el PV en todo un referente internacional de la corrupción y el despilfarro no es para menos. El que este acuerdo, independientemente de lo que dice y de lo que calla, haya visto la luz, es por tanto un hito que cualquier ciudadano con un mínimo de cultura democrática y sentido de la higiene política debería celebrar.

Una vez manifestada mi alegría por el hecho en sí, entremos en el contenido. Consciente que alcanzar acuerdos siempre es una tarea complicada y que si estos lo son a tres bandas, la dificultad aumenta, creo que en líneas generales marca un punto de partida que recoge muchos de los anhelos de un pueblo, el valenciano, muy castigado por los recortes, la corrupción y el ninguneo constante de los que lo venían gobernando hacia el conjunto de la sociedad. Hay ya quien me ha hecho llegar críticas de lo más variadas sobre el documento, olvidos, errores o vaguedades. Entiendo que se mire con lupa todo lo que se viene haciendo y diciendo, pero quiero poner en valor algunas cuestiones.

Se trata de un acuerdo a tres bandas. Esto tiene al menos dos elementos que creo que vale la pena destacar.

 

• Por un lado supone como ya he dicho una dificultad añadida al incorporar más actores a la negociación. En otros ámbitos me ha tocado negociar muchos acuerdos y algunos de los que ahora defienden este acuerdo han criticado hasta el insulto alguno de ellos. Yo no lo haré, aunque indudablemente hay cosas que no me gustan, pero hay que entender que los acuerdos, en cierta medida, son posibles cuando todos los que acuerdan alcanzan un punto en que se encuentran razonablemente insatisfechos/satisfechos (no pone todo lo que quisiera o sobra algo, pero al final resulta asumible tanto las ausencias como los excesos).

• El segundo elemento y en este caso me parece muy relevante es la firma de Podem, no sólo para permitir la investidura sino asumiendo también responsabilidades de gobierno. Unas horas antes de esta firma, veía a unos de los máximos dirigentes de Podemos, Rafa Mayoral, en el debate de La Tuerka criticando duramente a IU por haber pactado en algunos casos con el PSOE y que eso va contra el proceso transformador que ellos impulsan. Diez horas después, el máximo responsable de su partido en el PV, Antonio Montiel, se hacía la foto firmando junto a PSPV-PSOE y Compromis, una acuerdo de gobierno para darle la Presidencia de la Generalitat a Ximo Puig, del PSPV-PSOE, implicando a la organización en responsabilidades de gobierno. Algunos criticaran este paso, las directrices de Pablo Iglesias parecían claras, pero entre Valencia y Madrid siguen habiendo 365 Km de distancia y por muy lícitas que sean las aspiraciones políticas de cada cual, las necesidades reales y urgentes del pueblo valenciano, deben estar por encima de anhelos personales. No sé qué consecuencias pueda tener esta “deslealtad” orgánica de Montiel, pero en cualquier caso, saludo y celebro su valentía. A la política se viene a romperse uno las manos trabajando para los demás, y esconderse detrás de tacticismos es peligrosísimo y como muestra la situación que puede producirse en Asturias si “el ponerse de perfil” de Podemos permite un gobierno de Álvarez Cascos.

Otro elemento que me ha llamado la atención es que la introducción habla de emprendedores, de empresarios, pero no lo hace de trabajadores. Supongo que para algunos hablar de trabajadores es usar “palabras viejas”, pero el primer trabajador por cuenta ajena es tan antiguo como el primer empresario (referencia que si aparece) y por otro lado, el uso del término emprendedores siempre me ha parecido un eufemismo muy desafortunado y más conociendo lo que aquí llamamos emprendedor y lo que es en realidad.

Me ha preocupado más que aunque el documento deja clara su apuesta por la paridad, su primera oportunidad de demostrar que lo que dicen y lo que hacen casa bien, la han desaprovechado, la Mesa de las Cortes formada por cinco varones es un mensaje triste, no es un error estético, es un error político y grave. Espero que sean conscientes y que corrijan, si hay algo peor que equivocarse, es no reconocerlo e insistir en el error.

Algunas ausencias del documento como puedan ser las cero referencias a las Universidades Públicas valencianas y el papel que están llamadas a jugar y al Medio Ambiente o un pasar de puntillas (simple enunciado sin propuesta alguna) sobre la cultura, son “olvidos” preocupantes, pero estoy convencido que también esto se irá corrigiendo.

Por último señalar que el trabajo que se ha hecho para alcanzar el acuerdo ha sido complicado y hay que felicitar a todas las personas que lo han hecho posible, pero modestamente también sugerir que sean conscientes que los equilibrios que se han construido son muy inestables y que cualquier movimiento brusco puede quebrarlos. La tarea que hay por delante es apasionante pero muy compleja, los intentos para hacer naufragar el proyecto van a ser muchos y vendrán desde diferentes ángulos. La responsabilidad y la templanza serán necesarias. Para que el barco navegue en la dirección adecuada aun a pesar de los vientos en contra, hará falta que los que llevan el timón y los que reman sean conscientes que es tarea compartida, que sumar multiplica y que construir una alianza solida con los sindicatos y el conjunto de la sociedad civil es fundamental. Se abre una etapa en la que el Diálogo Social en el PV tiene que ser algo más que la firma de acuerdos cada dos, tres o cuatro años y que no han llegado a desarrollarse en toda su amplitud y lo debemos convertir en una potente herramienta que desde el ámbito de las relaciones laborales contribuya a la transformación social. 

FIRMA O NO FIRMAR, esa es la cuestión

Ayer se firmó el III Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) por los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPYME. Estas firmas siempre van acompañadas de una foto que suele levantar polvareda entre los que gustan de señalar como errores ajenos cualquier acuerdo que no suponga el fin del modelo capitalista. En unas líneas trataré de destacar los elementos que considero más relevantes de este  acuerdo.

Comenzaré con una cuestión de perogrullo que a veces se olvida. El AENC, éste y los anteriores, es un acuerdo para los negociadores, no para el público en general. ¿Qué quiere decir esto? Que tratándose de un acuerdo obligacional, al contrario de lo que parece indicar su nombre, no es de obligatorio cumplimiento ni de afectación directa a trabajadores y empresas. Se trata más de lo que podríamos llamar una recomendación o incluso una sugerencia. Una recomendación dirigida a aquellos que negocian convenios colectivos (y no al mundo mundial). Creo que es necesario aclarar esto ya que muchas críticas vienen de personas y/o organizaciones que no los negocian, ya sea por propia voluntad de no hacerlo que además son las mismas que no cuentan con el respaldo necesario de los trabajadores para negociar este tipo de acuerdos. ¿Quiero decir con ello que estas personas u organizaciones no tienen derecho a opinar sobre el mismo?, no, nada más lejos de mi voluntad, pero sería necesario que al hacerlo, fuesen conscientes de lo que analizan, por no confundirse ellos y por no confundir al personal. Este acuerdo sirve por tanto para ayudar a negociar los convenios colectivos, para orientar sobre los diferentes elementos que configuran el convenio, que es lo que acaba convirtiendo una suma de materias en un todo de obligado cumplimiento.

Los acuerdos pueden fraccionarse en cada una de sus partes para hacer la crítica, pero al final hay que hacer el análisis del conjunto. Unas partes se apoyan en otras, permiten darle coherencia y significado.

Este acuerdo pretende compaginar la necesidad de apostar por la contratación estable y la causalización de la contratación temporal, con la necesaria ganancia de poder adquisitivo de los salarios. Todo ello en un contexto en el que mantener la vigencia de los convenios colectivos sigue siendo labor prioritaria, frente al empecinamiento del gobierno de vaciar de contenido la negociación colectiva.

 Los convenios sectoriales tienen que ajustar las posibilidades de contratación a la realidad del sector, ajustando criterios y requisitos. Los salarios deben crecer necesariamente. Entrar en un periodo de recuperación de los salarios (poniendo fin a aquellos acuerdos de inaplicación salarial que han provocado con carácter general una bajada de los mismos) y pactando en los nuevos convenios incrementos que les permitan crecer. Hay que recordar para aquellos que dicen que el 1% de incremento es insuficiente dos cosas, la primera que el IPC interanual está en el -0.6 y la segunda que los convenios que se venían firmando antes de la firma de este AENC estaban lejos del 1% de incremento.

Respecto a la necesidad de mantener los convenios, dos ideas, que no por obvias voy a dejar de insistir. El convenio colectivo sectorial como contrato colectivo que regula los elementos esenciales de la relación laboral es fundamental para conseguir condiciones de trabajo dignas para la mayoría de la clase trabajadora. La no firma de los mismos, su prorroga automática (con la consiguiente congelación salarial) o la desaparición de unidades de negociación, sólo beneficia a las empresas que tendrán más margen de maniobra para aplicar de forma individualizada condiciones de trabajo. Y en segundo lugar, las posibilidades que desde la reforma laboral se ponen a disposición de las empresas para “acordar” (entiéndase la expresión como un eufemismo) allí donde los trabajadores no tienen representación legal a través de comité de empresa o sección sindical, supone una vía de agua por debajo de la línea de flotación de los convenios colectivos y por tanto debemos trabajar inteligentemente para taponarlas y evitar que la negociación colectiva sea cada día más, una cosa de menos.

El AENC es un acuerdo positivo si se analiza para qué se hace, si se entiende a quién va dirigido y se conoce el funcionamiento de la negociación colectiva, si por el contrario, lo que se pretende es que de respuesta a otros males que tiene el mercado de trabajo o la sociedad en general, evidentemente resulta totalmente insuficiente, pero claro, eso sería confundir el papel del sindicato con el del partido político y estaríamos hablando ya de otras cosas...

REFLEXIONANDO QUE ES GERUNDIO

Mañana como día previo a las elecciones municipales y autonómicas toca reflexionar. Yo tengo la insana costumbre de reflexionar de continuo, vamos, que me gusta darle vueltas a las cosas, mirarlas ora de un lado, ora del otro y construir mis propias conclusiones. Supongo que igual que yo funciona muchísima gente, tal vez no la mayoría, pero sin duda mucha gente. Vamos, que quiero pensar que el hecho que el PP de mi pueblo, Meliana, invite (sólo Rus, Presidente de la Diputación, sabe con qué dinero) a los vecinos a una suculenta merienda popular justo unas horas antes de que finalice la campaña electoral, no va a hacer que una persona mayor de edad, con derecho a voto, decida, impulsado por un buñuelo de calabaza, a quién va a darle su confianza para que le gobierne los próximos cuatro años.

Entiendo pues que muchos llegamos al día de mañana con la reflexión hecha, fruto de escuchar lo que unos y otros dicen y de observar los que otros y unos hacen. Como supongo que el hecho que yo vote a Esquerra Unida no es un secreto para nadie que me conozca mínimamente, no tengo problema en decirlo una vez más. Los motivos que me llevan a hacerlo: el trabajo realizado desde las instituciones y la calle defendido los intereses de la clase trabajadora y ser la propuesta política que tiene un programa más concreto, con menos ambigüedades y que conoce bien los problemas del País y propone soluciones que comparto.

Mr. Clip - Josep Renau

Pero al margen de los motivos que me llevan a votar lo que voto, una reflexión por si a alguien le apetece salirse del rebaño. Resulta interesante analizar qué ha pasado durante los últimos meses. Hace un año, todo el mundo en este país daba por finalizada la hegemonía del PP a todos los niveles, estaba claro que no tenían opciones de mantenerse en la Generalitat ni en las diputaciones, que el cambio era inevitable. En la Diputación de València parece que va a resultar imposible otro gobierno que no sea el del PP gracias a una extrañísima estrategia electoral impulsada por Podemos. Pero, ¿qué ha pasado en estos últimos meses para que el PP pueda continuar gobernando la Generalitat Valenciana después de las elecciones?

La aparición de Podemos con un mensaje transversal, ni de izquierda ni de derechas, ha servido más para fragmentar el voto de la izquierda que para conseguir nuevos votantes, lo cual con nuestro sistema electoral resulta suicida para la izquierda (una vez más). Pero al mismo tiempo, Podemos ha servido como globo sonda para que la derecha, aprovechando el terreno sembrado, haya lanzado la marca Ciudadanos que ha conseguido recoger todo el voto que iba perdiendo el PP. Ahí está la clave de la incertidumbre que ahora tenemos. La recuperación del voto de la derecha a través de Ciudadanos y la fragmentación del voto de la izquierda con el riesgo de que Esquerra Unida no alcance el 5% supondría una nueva mayoría de la derecha en el País Valenciano.

Quien tenga decidido su voto, que lo ejerza, quien todavía esté reflexionando, que procure salirse un poco del marco que desde los medios y las intencionadas encuestas le dibujan, que no deje que otros piensen por él o por ella y que vote, que lo haga libre y conscientemente. Que mire atrás, no un mes, ni un año, que mire atrás, que analice lo que cada uno decía y hacía y que recuerde quien ha estado siempre ahí, en las luchas de cada día, siempre, ya que sólo los que luchan todos los días, esos son los imprescindibles.

Nota: Los que no atendemos a modas nos seguimos identificando con el salmón, nadando contra corriente… 

“Toda política que no hagamos nosotros, será hecha contra nosotros”

Primero de Mayo, el que hace 125 desde que empezamos a celebrarlo en España, el que hace cinco desde que el gobierno central (entonces el PSOE, ahora el PP) decidieron adoptar los recortes de derechos y de libertades como la fórmula mágica para la salida de la crisis. Ellos lo llamaron austeridad, yo me niego a usar ese término, la austeridad en sí puede no ser mala, el austericidio si que lo ha sido, una suerte de suicidio social y económico que ha hecho más larga y también más intensa la crisis en nuestro país.

Se hace preciso recordar algunas cosas, hablar de ellas, reflexionar.

Todos hemos oído hablar durante los últimos meses de los 8 de Airbus. Hay más, muchos más, hasta cerca de 300,  29 de ellos en el País Valenciano. Son compañeros y compañeras, sindicalistas en el sentido más amplio de la palabra que formaron parte de los miles de piquetes informativos que en las últimas huelgas generales hicieron posible que los polígonos industriales secundasen masivamente los paros convocados.

Interesa saber por qué, de qué se les acusa, qué artículo del Código Penal puede servir para llevar a estos compañeros y compañeras ante la justicia. Pero interesa también saber, para entenderlo todo un poco mejor, cuándo y quién decidió incorporar ese artículo a nuestro código penal.

Hay que rebobinar un poco para llegar al origen, al año 1976 exactamente, todavía no se había aprobado la Constitución del 78. Las normas que regían nuestra convivencia eran las del franquismo. Franco murió en la cama, pero la democracia no nació en esa habitación, ni en ningún despacho, la democracia la trajeron nuestras gentes, los obreros organizados principalmente en las CCOO y en el Partido Comunista. Las calles exigían cambios, eran tiempos duros, difíciles, arriesgados. En ese momento, las huelgas convocadas por nuestros compañeros se multiplicaban, dificultaban el propósito de muchos de continuar el franquismo sin Franco. En ese momento, los que ostentaban el poder sabían que tenían que  reprimir la protesta, se pusieron manos a la obra, una de las medidas, modificar el Código Penal, incorporar el redactado actual del artículo 135, la justificación no tenemos que imaginárnosla, podemos releer los motivos que el gobierno daba para tan urgente  reforma “hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga”.

Aquel artículo contenía (y contiene) tres referencias. La primera parece garantizar el derecho a la libertad sindical y la huelga penalizando a quienes los impidan o limiten. El segundo eleva la pena en caso de que la actuación antisindical se ejerza con violencia. El tercero (el que más nos interesa), castiga con esa pena incrementada a los que “coaccionen a otros a iniciar o continuar una huelga”.

Luego vino la aprobación de la Constitución, la aparición del Derecho de Huelga en su artículo 28 como derecho fundamental (especialmente protegido). La lógica y la técnica jurídica habría aconsejado una reforma del 315 del CP para adaptarlo a esa nueva mayor protección que el legislador quiso dar al derecho de huelga frente al derecho al trabajo, pero eso, lamentablemente no pasó.

Desde esos ya lejanos días de 1976 y hasta el momento actual, este artículo del Código Penal permanecía peligrosamente dormido. Estaba ahí, nadie lo usaba. La asunción de los convenios de la OIT en particular el 87 y el 98, la normalización de la libertad sindical como propia de un país democrático,  junto con otros derechos íntimamente ligados habían hecho “olvidar” la existencia de ese artículo.

Sería inocente por nuestra parte pensar que la recuperación prácticamente simultánea por parte de jueces de diferentes juzgados de España de esta figura penal es fruto de la casualidad, más difícil se hace el pensarlo conociendo las maniobras que durante los últimos tres años se están llevando a cabo desde la Organización Internacional de Empleadores en el seno de la OIT. Intentos de releer los convenios de libertad sindical, de excluir el derecho de huelga como derecho constitutivo de esa libertad sindical, de remover la extensa jurisprudencia  de la OIT contenida en resoluciones del COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL, del COMITÉ DE EXPERTOS y de la COMISIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS. Su táctica está siendo clara, boicotear cualquier demanda por vulneración del derecho de huelga.

El objetivo es claro, la limitación de la capacidad de actuación del sindicalismo de clase. Robarle el principal elemento que permite equilibrar unas relaciones de poder absolutamente desequilibradas, convertir al sindicato en una figura decorativa. Sin derecho de huelga en nuestro país no existe derecho sindical. Los intentos por eliminarlo no son una ocurrencia improvisada, forma parte de una hoja de ruta que ha supuesto modificaciones legislativas encaminadas a reducir derechos económicos, laborales y sociales por un lado y a frenar la protesta por otro.

Este Primero de Mayo salimos a la calle a decir que “Así no salimos de la crisis”, a decir que las políticas laborales y económicas, especialmente las de los últimos cinco años, son las responsables del empobrecimiento masivo, de la ampliación de la brecha social, de la baja calidad democrática que sufrimos, del deterioro del estado del bienestar. Pero salimos también a proponer, a decir que hay otra forma de hacer las cosas, donde las personas sean lo primero, donde la democracia sea mucho más que votar cada cuatro años, donde el trabajo de calidad y con derechos sea la norma y no la excepción.

Y salimos también a decirle al Partido Popular que este va a ser su último Primero de Mayo en el gobierno de la Generalitat Valenciana y del Estado  y a recordarle a los trabajadores que en una democracia tan castigada como la nuestra, la participación es más una obligación que un derecho y que como decía Joan Fuster, “Toda política que no hagamos nosotros, será hecha contra nosotros”.

VIVA EL PRIMERO DE MAYO

VIVAN LAS COMISIONES OBRERAS

FMI, la receta de la desigualdad.

A veces, al leer informes emitidos por renombradas instituciones, organizaciones, etc. se olvida que detrás del informe hay una persona, o muchas, con sus nombres, sus apellidos, sus filias y sus fobias y sobre todo su ideología (eso que algunos se empeñan en convencernos que está pasado de moda). No he leído nunca un informe neutro, siempre que alguien valora un dato, siempre que alguien plantea una receta, siempre hay detrás un objetivo que se puede valorar políticamente.

Durante los últimos años, hemos asistido a un crecimiento desmedido del ámbito de influencia de organismos como el FMI, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial y otros de menor entidad internacional que les acompañan en su particular cruzada. Alguno de estos organismos como el FMI que lleva décadas imponiendo sus tesis en otras latitudes con los nefastos resultados por todos conocidos, nos las ha traído hasta la vieja Europa y sus recetas han pasado a formar parte de la hoja de ruta económica de la mayoría de los gobiernos, con un coste social desgarrador.

No deja de sorprender, que un informe, recientemente premiado, del propio FMI (entidad poco sospechosa de abrazar teorías marxistas), venga a afirmar que “se ha producido un amento de la desigualdad por la creciente brecha salarial y que las diferencias de los ingresos se reducen cuanto mayor es el poder de los sindicatos, cuanto más formada está la población y cuanto más fuerte es el Estado del Bienestar”.

Y digo que resulta curioso por ser estas mismas las consecuencias de las políticas aplicadas por los gobiernos europeos al dictado de la Troika de la que el FMI es parte integrante. Y porque parece un insulto a la inteligencia que quien tanto ha hecho para generar esta situación, por generar las condiciones necesarias para bajar salarios, para debilitar sindicatos, para adelgazar el papel protector del Estado, salga ahora “denunciando” sus consecuencias.

Desde los sindicatos de clase se ha insistido mucho que el ataque al sindicalismo escondía un ataque brutal a los derechos más elementales del conjunto de la ciudadanía. Que debilitar la negociación colectiva era apostar por la desigualdad y quitarle armas al más débil para entregárselas al más fuerte. Que reduciendo la capacidad de intervención del sindicato, les iba a resultar más fácil seguir debilitando el Estado del Bienestar, mercadear con derechos.

La situación y la evolución de las cosas no son irreversibles, los que dictan las medidas a los gobiernos lo saben y nosotros lo sabemos. Es más, ellos también saben (y sabían) las consecuencias de sus propuestas. Invertir la tendencia, darle la vuelta a la situación no es misión fácil, hace falta trabajo y sobre todo organización.

Ellos saben que si rompen nuestras organizaciones lo tienen más fácil, nosotros deberíamos saber que salvarlas y fortalecerlas es para nosotros vital. Corrijamos los errores que tengamos que corregir y afrontemos la batalla, lo que pase mañana, todavía está por escribir.

DATOS y RELATOS

Que sufrido es el papel y que maleables resultan algunos datos. Estas son dos ideas que me vienen a la cabeza cada vez que el INE, el SEPE, la Seguridad Social o cualquier otro organismo oficial nos da a conocer los resultados de sus balances, estadísticas, encuestas o el formato que corresponda. Digo organismo oficial por diferenciar de esas otras encuestas pagadas por parte interesada que suelen publicarse regularmente, parece que más con la intención de orientar nuestro voto que con la de informar de manera mínimamente objetiva sobre una realidad concreta.

La última ha sido sobre la creación de empleo y ha servido para que el gobierno central y sus delegaciones territoriales saquen pecho y anuncien a los cuatro vientos lo bien que vamos. Hay que repetirlo muchas veces, en prensa, radio, televisión, redes sociales, vallas publicitarias y donde quiera que sea que puedan colarse. Lo repiten tanto que alguno puede acabar dudando si las cosas son como uno las ve o como a uno se las cuentan. Ha llegado la recuperación, crecemos más que nadie, creamos empleo y todo el mundo sonríe por las calles. Vivimos en un musical.

Pero en mi barrio, en mi pueblo, hay demasiada gente que no encuentra motivo alguno para sonreír, es curioso, muchas personas siguen sin trabajo, la mayoría de ellas incluso sin prestación. Y los que han ido encontrando un puesto de trabajo, son tan temporales, que ya ni siquiera duran semanas, se miden por días. Son tan precarios que la jornada laboral que reza en el contrato, a veces es más corta que el tiempo empleado en el desplazamiento de ida y vuelta a la empresa. Está tan mal retribuida que da vergüenza hablar de ello.

Establecer indicadores macroeconómicos para medir la evolución de las cosas es necesario, pero que esos indicadores reflejen una realidad es importante para evaluar esa evolución. Los tiempos en que tener un contrato de trabajo te alejaba de la pobreza y de la exclusión social, parece que han pasado. Tener contrato ya no garantiza eso y por tanto, medir sólo el número de contratos sin fijarnos en lo que hay detrás, es dejar el trabajo a medio hacer.

Saber el número de contratos que se hacen es importante. La calidad de esos contratos también. Esconder una realidad dura, todavía demasiado dura, detrás de un dato que de manera aislada puede parecer positivo, es irresponsable y a la vez peligroso.

En este país, la pobreza sigue aumentando, la brecha social ensanchándose y las condiciones de vida de una inmensa mayoría deteriorándose. Las reformas laborales, junto con otras muchas que han supuesto no sólo limitación de derechos, sino también de libertades suponen un lastre demasiado pesado para la construcción de una sociedad justa e igualitaria.

La propaganda puede empeñarse en dibujar un mundo feliz, pero la realidad sigue emborronando el cuadro. 

TRES AÑOS DE LA REFORMA LABORAL

Se han cumplido tres años de la reforma laboral. Es un buen momento para analizar las consecuencias de la misma, el cumplimiento de los objetivos planteados, si ha servido para algo, para qué y para quién.

Lo vemos a partir de tres afirmaciones contenidas en la propia justificación de la ley.

1.    “La incertidumbre a la hora de entrar en el mercado de trabajo, los reducidos sueldos iniciales y la situación económica general están provocando que muchos jóvenes bien formados abandonen el mercado de trabajo español y busquen oportunidades en el extranjero”.

La incertidumbre, tres años después se mantiene, tanto es así que la tasa de paro sigue en valores superiores al 23%, y si nos fijamos en los más jóvenes, el porcentaje supera el 50%. Invertimos en la formación de nuestros jóvenes, los mejores profesionales en la historia de este país, nuestro activo más importante, para regalárselo a otras economías que han apostado por empleos de más calidad.

Denunciaba el RDLey que los sueldos iniciales eran reducidos, y efectivamente, ahora ya no lo son exclusivamente los iniciales, esta situación se ha extendido al conjunto de la clase trabajadora, se ha producido una caída salarial en algunos sectores próxima al 5%.

2.    “Las cifras expuestas ponen de manifiesto que las reformas laborales realizadas en los últimos años, aún bienintencionadas y orientadas en la buena dirección, han sido reformas fallidas”.

Otra afirmación del texto legal que nos sirve para evaluar si ahora la orientación es la adecuada. Tras la reforma de 2012, la negociación colectiva ha sufrido un retroceso importante, no sólo en cuanto a convenios colectivos firmados, sino especialmente en cuanto a trabajadores y trabajadoras cubiertos por dichos convenios. Los niveles de cobertura de la negociación colectiva están conociendo mínimos históricos. Cada día hay más personas que no tienen el paraguas de un convenio colectivo que garantice unas condiciones mínimas de trabajo como puedan ser elementos tan centrales como el salario y la jornada. A esto hay que añadir que quien si tiene convenio colectivo, puede ver como este se convierte en papel mojado a partir del amplio margen de maniobra que tienen ahora las empresas para dejar de aplicar lo allí pactado.

La consecuencia de estas “bienintencionadas medidas orientadas en la buena dirección” son que la pobreza y la desigualdad social crece de manera importante en España y que la pobreza ha dejado de ser un problema exclusivo de las personas sin trabajo, ya ha aparecido, y crece día a día, el colectivo de personas con trabajo que son pobres.

3.    “La reforma propuesta trata de garantizar tanto la flexibilidad de los empresarios en la gestión de los recursos humanos de la empresa como la seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social. Esta es una reforma en la que todos ganan, empresarios y trabajadores, y que pretende satisfacer más y mejor los legítimos intereses de todos”.

Este propósito trataba de vender la idea de una reforma equilibrada. La realidad nos ha dado la razón a los que sosteníamos que la reforma iba a suponer un nuevo desequilibrio a favor del poder económico, más grave que todos los anteriores, ya que atacaba la raíz más importante de los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución Española, la negociación colectiva, el que nos permite construir contratos colectivos de eficacia general, el que permitía evitar la negociación individualizada, el contrarresta la mayor fuerza del capital, con la unidad del trabajo. Era por tanto una reforma profundamente ideológica y cuyos efectos están ya a la vista de todos. Dificultar la acción colectiva de los trabajadores en la defensa de sus intereses para garantizar mejoras en los márgenes de beneficios a favor de las empresas.  El mejor indicador de que este ha sido el resultado final, está en los datos sobre brecha social que se publican desde infinidad de instituciones, poca gente cada día mucho más rica, mucha gente cada día más pobre.