LA OTRA CONSTITUCIÓN DEL 78

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.”

Mañana se celebra el día de la Constitución Española del 78. He querido recuperar el texto literal de un artículo, el 35. Podría haber elegido otros, como el art. 37 que habla de la fuerza vinculante de los convenios colectivos (destrozada por la reforma laboral de 2012) o el art. 41 que dice que los poderes públicos garantizarán prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en el caso de desempleo (mientras se produce recortes de prestaciones en periodos de alta destrucción de empleo y se llega a niveles de cobertura lamentables), por citar solo un par, pero tras conocerse el acuerdo PP-PSOE respecto al SMI, he decido centrarme en el que habla del derecho al trabajo y a una remuneración suficiente.

En primer lugar señalar, aunque sea obvio, que ese derecho constitucional que tenemos al trabajo, es hoy más un anhelo que un hecho. Y denunciar que el gobierno, lejos de esforzarse por cumplir esta parte de la constitución, aprovecha la más mínima coyuntura adversa, la mayor parte de las veces, consecuencia de sus propias políticas, para destrozar la arquitectura de protección social y derechos laborales que de manera incipiente  habíamos conseguido levantar.  Son las políticas llevadas a cabo en los últimos treinta años lo que explica la nefasta situación de nuestro mercado de trabajo, y los altos niveles de desigualdad social y pobreza que padece la sociedad española.

Más de 4.3 millones de personas desempleadas según la última EPA (un 18.91% de tasa de paro) y una tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo bajo mínimos, el 54.2% (frente al 78.4% de 2010), suponen un ejército de reserva de tal volumen que, salvo que el Estado intervenga para garantizar aquello que le corresponde garantizar, el pleno empleo, convierte a la clase trabajadora en una simple mercancía más en un mercado deprimido y deprimente. Una tasa de paro que no contabiliza, obviamente, por definición, ni los procesos de emigración de mano de obra que se han producido durante la crisis, y que han conllevado una caída de la población activa, ni el deterioro del empleo generado, en una parte importante a tiempo parcial, lo que ha supuesto un claro reparto del trabajo y del salario entre trabajadoras.

Las reformas laborales, especialmente las últimas, han servido fundamentalmente para abaratar el factor trabajo, debilitando la capacidad de intervención de los trabajadores en la regulación de sus condiciones laborales a través de los sindicatos que los representan. Además esta estrategia de devaluación salarial no ha conseguido una mejora del nivel de nuestra competitividad  en los mercados exteriores, o al menos no con la misma intensidad que la propia devaluación.  Esta competitividad vía precios también depende de la política de tipo de cambio llevada a cabo por el Banco Central Europeo.  Para lo que sí ha servido este proceso de reducción de salarios ha sido, para mejorar los márgenes de beneficios de las empresas, lo que se ha traducido en una importante ganancia de las rentas de capital en el reparto del PIB, un empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora y en un menor dinamismo de la demanda interna, especialmente por el escaso crecimiento del consumo interno.

La reforma laboral, en los aspectos que tocaban a la negociación colectiva, ha roto el derecho constitucional a la fuerza vinculante de los convenios colectivos, que era precisamente lo que permitía que los convenios colectivos sectoriales ayudasen a propiciar cierta cohesión social, en un país como el nuestro, donde el tejido productivo está constituido fundamentalmente por pequeña y micro empresa. La ruptura de esa red de protección de la negociación colectiva implica que hoy muchas más personas ven referenciadas sus condiciones salariales en el SMI, pasando del 28.7% en 2006 al 34.36% en 2015, no ya solo aquellas que no tienen convenio de referencia, sino incluso otras, que teniéndolo han visto como, fruto de la reforma laboral, se han impulsado convenios colectivos de empresa a la baja o inaplicaciones de convenios (negociadas en gran medida por personas sin ninguna garantía para poder afrontar una negociación real, lo que supone una mera imposición empresarial vestida de acuerdo).

Por ello es necesario hablar de SMI, como garantía de que esa remuneración suficiente que exige la constitución del 78 se dé de manera efectiva. Es fundamental marcarse el objetivo del 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea suscrita por España y para ello, es incuestionable el aumento hasta los 800 euros para 2017 tal y como han planteado CCOO y UGT y cuya propuesta ha sido llevada al parlamento por Unidos Podemos. Sorprende y decepciona el comportamiento que en este tema ha tenido el PSOE, alentando a los sindicatos ante una reivindicación que es de justicia y pactando (horas después) con el PP una propuesta que queda muy lejos de lo comprometido.

El SMI en España bordea el umbral de la pobreza, el riesgo de pobreza en nuestro país crece (28.6%) situándose en valores preocupantes sobre los que ya viene advirtiendo la propia UE. Actualmente en España un 35% de las personas asalariadas (5.9 millones de personas) cobra menos del SMI, una volumen de personas notablemente superior a los años previos a la crisis

El SMI es por tanto importante por ser una referencia en la configuración del salario de cada vez más personas en nuestro país, motivo por el cual, una revisión en la línea defendida desde CCOO tendría efectos positivos, no solo de manera directa sobre los trabajadores y trabajadoras que pudieran ver aumentar su salario por la directa aplicación de este incremento, sino también por suponer un estímulo al consumo y la economía, una mejora en las cotizaciones a la seguridad social (ayudando a hacer más sostenible el sistema) y un freno a la creciente brecha salarial y social que se está generando con las políticas laborales impulsadas por el gobierno del PP.

Es pues esa otra constitución del 78 la que reclamamos y la que olvidan aquellos que se declaran con autobombo como “constitucionalistas”, y que no dudaron en reformar esa “incuestionable” Carta Magna para garantizar el pago de la deuda antes que la atención a las necesidades básicas de la población. Es esa Constitución de 1978 la que debería servir como base para garantizar derechos de la ciudadanía y conseguir mayores cuotas de cohesión y justicia social.

Respuestas de un obrero que lee

El 29 de marzo de 2012 CCOO y UGT convocamos una Huelga General contra la reforma laboral del gobierno del Partido Popular. Habían pasado poco más de doce meses de la anterior, en este caso contra un gobierno del PSOE. El mismo 2012 aún tendríamos que convocar otra más.

Para CCOO la huelga es un instrumento de defensa de nuestros intereses como trabajadores y trabajadoras, en aquel momento fue la respuesta de una clase trabajadora organizada ante una constante agresión por parte del gobierno que nos convertía en paganos de una crisis que nosotros no habíamos provocado.

Desde antes de las 00.00 horas de aquel 29 de marzo, fuimos miles de trabajadores y trabajadoras los que participamos en la infinidad de piquetes informativos que se repartían a lo largo y ancho de nuestro país. Eran muchas las llamadas de personas que pedían que organizásemos piquetes ante sus centros de trabajo, para poder “justificar” su ausencia ante la dirección de la empresa, que ya se había encargado de atemorizar a las plantillas con las “consecuencias” que se podrían generar en caso de hacer uso de su derecho fundamental de huelga. Los “piquetes patronales” sembraron el miedo en unos trabajadores precarizados, conscientes de las elevadísimas tasas de desempleo de nuestro país. El coctel perfecto para que el temor pesase mucho a la hora de tomar decisiones.

La inmensa mayoría de piquetes cumplieron con su función, como han venido haciendo desde que se instauró la democracia y con ella los derechos fundamentales que recoge la Constitución, como es el ejercicio de huelga, sin mayor contratiempo que los típicos insultos de quien se siente bien tratado por un sistema que cada día nos hace más pobres y desiguales. Pero por algún motivo que cuesta mucho pensar que fuese fruto del azar, en determinados lugares (a lo largo de la geografía nacional), las fuerzas de seguridad del estado  se emplearon con una entrega que difícilmente se podría justificar por la actitud de los piquetes. Esos agentes olvidaron que su misión no debería ser otra que proteger a aquellas personas que habían decidido ejercer su derecho fundamental a la huelga (artículo 28 CE) frente a aquellos otros que pretendían anularlo, vaciarlo de contenido o secuestrarlo.

Manifestación de apoyo a la Huelga General del 29M de 2012

La noche se hizo larga, como todas las noches de huelga, con momentos de tensión, que solo se soportan bien desde la convicción de que la lucha es el único camino para la clase obrera no ya de ganar derechos, también de mantenerlos.

Han pasado cuatro años de aquella noche, mañana a las 10 de la mañana, José Manuel, Anna, Jose y José María cruzaran la puerta del juzgado acusados de vulnerar los derechos de los trabajadores. Ninguno de los cuatro es dirigente de empresa alguna que amenazó a sus empleados con el despido si se les ocurría secundar la huelga, ninguno de ellos ejerció violencia alguna contra trabajador o trabajadora que estuviese haciendo uso de su derecho fundamental constitucionalmente reconocido de secundar la huelga para defender sus derechos y los de sus compañeros y compañeras. No, José Manuel, Anna, Jose y José María son cuatro de esas miles de personas que se pasaron la noche y el día recorriendo los polígonos industriales y los centros de trabajo informando a otros trabajadores que tenían derecho a decir basta, a expresar su oposición a una reforma laboral que (como ya se ha demostrado) solo perseguía devaluar salarios y hacernos más vulnerables.

José Manuel, Anna, Jose y José María se enfrentan, cada uno de ellos, a peticiones de penas de cárcel de dos años en aplicación del artículo 315.3 del Código Penal. Creo que es necesario en este punto rebobinar un poco en el tiempo para conocer el origen de ese artículo. Hay que ir al año 1976 exactamente, todavía no se había aprobado la Constitución del 78. Las normas que regían nuestra convivencia eran las del franquismo. Franco murió en la cama, pero la democracia no nació en esa habitación, ni en ningún despacho, la democracia la trajeron nuestras gentes, los obreros organizados principalmente en las CCOO y en el Partido Comunista. Las calles exigían cambios, eran tiempos duros, difíciles, arriesgados. En ese momento, las huelgas convocadas por nuestros compañeros se multiplicaban, dificultaban el propósito de muchos de continuar el franquismo sin Franco. En ese momento, los que ostentaban el poder sabían que tenían que  reprimir la protesta, se pusieron manos a la obra, una de las medidas, modificar el Código Penal, incorporar el redactado actual del artículo 315, la justificación no tenemos que imaginárnosla, podemos releer los motivos que el gobierno daba para tan urgente  reforma “hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga”.

Aquel artículo contenía (y contiene) tres referencias. La primera parece garantizar el derecho a la libertad sindical y la huelga penalizando a quienes los impidan o limiten. El segundo eleva la pena en caso de que la actuación antisindical se ejerza con violencia. El tercero (el que más nos interesa), castiga con esa pena incrementada a los que “coaccionen a otros a iniciar o continuar una huelga”.

Posteriormente, la constitución española reconoce el derecho a huelga como un derecho fundamental y por tanto, especialmente protegido. El código penal por su parte mantiene en su artículo 315.3 un redactado franquista que persigue con más saña a quien en el ejercicio de su derecho monta un piquete de huelga que al que en el ejercicio de su poder (económico o de dirección) impide a alguien ejercer su derecho de huelga. Que hay una contradicción entre la Constitución y el Código Penal es evidente. Que el gobierno del PP, que ha modificado el Código Penal para limitar derechos y libertades (Ley Mordaza), no ha querido adecuarlo al mandato constitucional también. Que un artículo como el 315.3 que llevaba décadas “dormido”, despierte simultáneamente en toda la geografía nacional con jueces y fiscales de diferentes comunidades autónomas empecinados en perseguir sindicalistas no parece fruto del azar y sí de una división de poderes muy desdibujada por no decir inexistente.

Es evidente que mañana no se juzga solo a José Manuel, Anna, Jose y José María, mañana se juzga a toda aquella persona que no solo sabe que para conseguir derechos y mantenerlos hay que luchar cada día, sino que además lucha. Mañana se juzga al sindicalismo de clase por su empecinamiento en enfrentarse al poder establecido. Mañana se juzga a todos esos héroes de la clase trabajadora que nadie conoce, a los que nunca verán su nombre en un libro o en una placa, a todas aquellas personas de las que nadie se acuerda, a los que nadie agradece, a los nadie… a los de siempre…

  

¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas?
En los libros se mencionan los nombres de los reyes.
¿Acaso los reyes acarrearon las piedras?

Bertolt Brecht “Preguntas de un obrero que lee”

NOTA: Este artículo está dedicado a la compañera y los tres compañeros que mañana se sentarán en el banquillo por defender mis derechos... y los de toda nuestra clase. Si la justicia funcionase, mañana debería archivar la causa que se sigue contra ellos, pedirles disculpas y agradecerles sus esfuerzos por construir un mundo más justo. 

La precariedad laboral no es el camino.

Mañana 7 de octubre tendrá lugar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que desde la Confederación Sindical Internacional (CSI) se impulsó por primera vez el año 2008.

En un mundo globalizado donde la mayor parte de los productos que consumimos están fabricados en diferentes países, con desigual reconocimiento de derechos laborales y sociales; incluso en condiciones que en no pocos casos se pueden definir como de esclavitud, es importante señalar que el crecimiento económico no siempre se traduce en mejora de la calidad de vida de las personas que han contribuido con su trabajo en conseguir ese crecimiento.

Reivindicar  a nivel mundial el Trabajo Decente, implica no solo reivindicar el reconocimiento de derechos básicos en materia laboral y/o social en los países menos desarrollados, sino también la recuperación de los derechos laborales y sociales que se nos han ido arrebatando en nuestro propio país en esta última década.

Las reformas laborales impuestas por el gobierno Zapatero y el de Rajoy que obtuvieron como respuesta la convocatoria de tres huelgas generales, decían pretender una salida a la lamentable situación de nuestro mercado de trabajo, agravada (que no generada), por una crisis financiera y económica que no tenía su origen en la rigidez o el exceso de regulación, como algunos insistían en repetir, sino en un modelo de desarrollo económico asentado sobre el capitalismo de casino y en el caso valenciano, recrudecido por una explosiva combinación de burbuja de la construcción y tramas mafiosas reconvertidas en partidos políticos con amplia presencia en las instituciones.

Que el objetivo de la reforma laboral era devaluar salarios, admite ya poca discusión (incluso Rajoy llegó a verbalizarlo), que el modo en que pretendían conseguirlo pasaba por destrozar la negociación colectiva y debilitar a los sindicatos, también ha quedado claro, pero ¿cabe resignarse y aceptarlo como una maldición divina limitándonos a explicarlo? o por el contrario ¿es más necesario que nunca acumular fuerzas para enfrentarse a esta realidad manifiestamente injusta?

CCOO solo puede optar por la segunda alternativa, en ese sentido venimos planteando acciones concretas que puedan revertir esta situación. Hemos propuesto y acordado en el diálogo social en el PV la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública para garantizar estabilidad y calidad en el empleo que se genera, tanto de manera directa como indirecta, por las administraciones públicas. Impulsamos propuestas con el objetivo de responsabilizar a las empresas usuarias de los incumplimentos de todas las empresas que participen en su cadena de suministros para frenar el efecto que la subcontratación está generando en el conjunto de la economía en cuanto a deterioro de condiciones de trabajo. Exigimos también, para aquellas personas que queriendo trabajar no encuentran un empleo, una prestación de ingresos mínimos para quienes carecen de algún tipo de ingreso y que les permita cubrir las necesidades básicas.

Exigimos que se incremente el SMI hasta los 800 euros de manera inmediata y se garanticen subidas progresivas durante la próxima legislatura hasta alcanzar el 60% del salario medio, para revertir el incremento de los trabajadores pobres.

Son reivindicaciones justas que persiguen, junto con muchas otras, impulsar un cambio en nuestro modelo de relaciones laborales, apostando por la estabilidad y la calidad en el empleo como el único camino real para reducir el drama que supone una sociedad masivamente precarizada y empobrecida, con un futuro hipotecado y donde la brecha social está dejando a demasiada gente en la estacada.

Este viernes 7 de octubre, llamamos a la participación en las movilizaciones convocadas en todo el mundo, para exigir trabajo decente.

La cara oculta del paro

Poco importa que miremos los datos publicados esta misma mañana del paro registrado o los que conocimos la semana pasada de la Encuesta de Población Activa (EPA), detrás se esconde una realidad con dos rostros.

Por una parte, el rostro de la desesperación en las alrededor de cuatro millones de personas que, expulsadas del mercado laboral, lo están pasando realmente mal, muchas de ellas mal viviendo en el umbral de la pobreza, otras, lamentablemente, ya lo han traspasado. Estas personas que observan con estupor el baile de cifras, los cientos de miles de contratos que se firman un mes tras otro, esos contratos que nunca llevan su nombre, pero que se firman, manteniendo un volumen exagerado de trabajadoras y trabajadores en la precariedad más absoluta, pendiente de una renovación que dependerá no ya de la situación económica general, ni siquiera de la situación económica de la empresa que los contrata, sino del capricho del empleador en la mayoría de las ocasiones. Resulta complicado entender, que ese puesto de trabajo que existía cuando el (o ella) llegó a la empresa, que lleva ocupando cerca de tres años, enlazando un contrato temporal con otro, y que seguirá existiendo mañana, cuando después de no renovarle el contrato, ni hacerlo indefinido (como debería haber sucedido desde el primer contrato), sea ocupado por otra persona, que vivirá uno de sus días más felices en mucho tiempo, al incorporarse por primera vez, o al volver a tener trabajo tras muchos meses, puede que algún año, de frecuentar oficinas de empleo y anuncios en periódicos y páginas web especializadas. Una felicidad que se sabe será efímera y cuya cuenta atrás comienza desde el mismo día de la firma. Trabajadores y trabajadoras de usar y tirar, material consumible, como el papel de oficina, un apunte más en la cuenta de gastos, no demasiado diferente a cualquier otro tipo de recurso.

Por otra parte, el rostro de una economía enferma. Una determinada política económica que ha apostado, de nuevo, por buscar atajos ya transitados y que por tanto se convierte en una apuesta no sólo arriesgada, sino suicida desde el punto de vista social. La creación de empleo, bastante insuficiente y estacionalizada, se caracteriza por la precariedad en una doble vertiente, por un lado precariedad en cuanto al tipo de contrato, el temporal frente al indefinido, por otro lado precariedad en cuanto a las condiciones, parcialidad involuntaria frente a jornada completa y unos salarios comparativamente más bajos. Estas características explican que aún con incrementos en la contratación, con reducción del paro o con incrementos en la afiliación a la Seguridad Social, siga produciéndose una caída en la recaudación de cotizaciones, lo que se explica fundamentalmente por la escasa calidad de las nuevas contrataciones.

La baja calidad del empleo generado tiene a su vez un doble efecto, por un lado, el directo en las personas que lo sufren, en muchos casos, el disponer de un empleo remunerado, ya no es garantía de capacidad adquisitiva que permita alejarse del umbral de la pobreza. Por otro lado, esta dinámica supone el mayor riesgo para el mantenimiento del sistema público de prestaciones sociales de carácter contributivo, especialmente las pensiones. La sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones no depende como se quiere hacer creer de la pirámide demográfica (que puede influir, pero en ningún caso determinar), sino de muchos otros elementos, entre ellos las disparatadas políticas de bonificaciones y subvenciones a la contratación con cargo a la seguridad social, que bajo la excusa de la creación de empleo (que no se produce), esconde una clara transferencia de rentas de los bolsillos de la clase trabajadora a los bolsillos de los empresarios. Si bien, el elemento central es la baja calidad del empleo, su volumen y los salarios que se abonan, ya que estos determinan la cantidad de las cotizaciones.

 

Los que han utilizado todos los instrumentos legales a su alcance para deteriorar la calidad del empleo, mediante reformas laborales y la debilitación de los mecanismos de control sobre el fraude, no tienen ninguna autoridad moral para hablar de garantizar el sistema público de pensiones contra el que trabajan con tanta dedicación. Un empleo estable y de calidad es no solo un derecho de cualquier ciudadano, sino también la mejor garantía de sostenibilidad y mejora de las pensiones públicas.

Se aprovechan de la vulnerabilidad  de los trabajadores repitiendo que este es un esfuerzo necesario para que el país salga de la crisis y se insiste en que esta es una circunstancia temporal que mejorará. Mezquindades que ocultan una manera interesada de gestionar la política y frente a las cuales, CCOO tiene alternativas.

DIÁLOGO SOCIAL PERMANENTE Y FLEXIBLE

Desde CCOO siempre hemos considerado que el diálogo social es útil en la medida en que pueda dar respuestas a las demandas de la sociedad.

Desde el cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana, hemos trasladado al nuevo Consell la necesidad de recuperar el diálogo social como un instrumento de concertación capaz de definir las principales líneas de acción política en materia social y económica. En este sentido, hicimos una propuesta de impulsar un nuevo modelo de diálogo social de carácter permanente y flexible, asentado sobre tres pilares fundamentales. En primer lugar la atención a las personas, especialmente a aquellas que como consecuencia de la crisis siguen padeciendo sus efectos y que las sitúa en los umbrales (o más allá) de la pobreza y la exclusión social. En segundo lugar la recuperación económica, que debe venir de la mano del cambio de modelo productivo, apostando para ello por la reindustrialización, por una profunda reforma de nuestro modelo energético y por una apuesta clara por la I+D+i, como mecanismo de avanzar hacia una economía más prospera y competitiva a la vez que sostenible desde el punto de vista económico, social y medio ambiental. Por último, planteabamos la necesidad de repensar el funcionamiento de las administraciones públicas al tiempo que insistíamos en exigir una financiación autonómica justa.

Sobre esos tres ejes hemos estado trabajando los últimos meses con el Consell, UGT y CIERVAL y fruto de ese trabajo se pudo presentar el pasado día 25 una serie de medidas, que el Consell al aceptarlas las asume como compromiso ante la ciudadanía. No se agota con estas medidas lo que desde CCOO PV vamos a exigir al gobierno autonómico, pero supone un punto de partida que permite avanzar en cuestiones concretas que deben tener un efecto inmediato.

En el ámbito laboral hay una medida que nosotros consideramos central ya que permite garantizar la estabilidad y la calidad en el trabajo a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad laboral en empresas que prestan servicios para las administraciones públicas. La incorporación de cláusulas sociales a la contratación pública tal y como desde CCOO PV las hemos defendido supone no solo (que también) la incorporación de cláusulas que permitan la integración a personas con diversidad funcional, en riesgo de exclusión o que impulsen prácticas positivas respecto a la igualdad de genero. Nuestra propuesta que es ya un compromiso del Consell iba más allá y era de afectación al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de estas empresas.

Pasa en primer lugar por garantizarles la estabilidad en el empleo mediante mecanismos de subrogación, vinculando su trabajo con el puesto que ocupan y no con la empresa que (siempre de manera temporal) asume la prestación del servicio. Con esta cláusula, mientras la actividad que desarrolla un trabajador o trabajadora siga desarrollándose, tendrá derecho a subrogarse en las diferentes empresas que lo presten, con lo que el cambio de contrata dejará de ser un riesgo para su estabilidad laboral.

Además de la estabilidad, nuestra apuesta ha sido garantizar la calidad del empleo. Los mecanismos de concursos para la adjudicación de contratas de la administración pública donde el elemento determinante venía siendo el precio de las ofertas, con lo que la competencia entre empresas se centraba en pujar con propuestas económicas más baratas que acababan revertiendo siempre en las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la empresa adjudicataria (fundamentalmente en el salario), junto con las últimas reformas laborales que han venido a legalizar lo que antes eran casos claros de fraude laboral (empresas abonando salarios por debajo del convenio sectorial pactados en convenio de empresa o inaplicaciones de convenio pactadas con trabajadores que carecen de la más elemental capacidad de representación de sus compañeros y compañeras), había llegado a convertir estos concursos en autenticas carreras a la baja en condiciones laborales que acaban saldándose con adjudicaciones de contratas por varios años a empresas que habían presentado lo que se podría catalogar sin exageración alguna como bajas temerarias.

El incorporar cláusulas sociales que garanticen la calidad del empleo y que por tanto vinculen la concesión del contrato al cumplimiento (como mínimo) de las condiciones de trabajo pactadas en el convenio colectivo sectorial de referencia, supone eliminar la posibilidad de que empresas que pactan con sus trabajadores convenios por debajo del sectorial o inaplicaciones salariales para concurrir a estos concursos, puedan presentar mejores ofertas económicas sustentadas sobre la precarización de las condiciones laborales. La exigencia por parte de la administración pública de estos mínimos para la concesión y durante la ejecución de la contrata supone un giro importante en el papel que las administraciones valencianas venían jugando, ya que se habían convertido en uno de los mayores precursores de precariedad laboral en todos los sentidos. Este nuevo marco asumido a través del diálogo social viene a dignificar las condiciones de trabajo de tantas personas que desarrollan su trabajo de manera indirecta para las distintas administraciones públicas. El reto ahora será garantizar el cumplimiento de estas normas e impulsarlas también hacia el sector privado.

Un diálogo social permanente y flexible, que nos permita abordar los temas, acordarlos, implementarlos y todo esto hacerlo en un escenario de grandes limitaciones presupuestarias que nos obliga, al tiempo que reclamamos una financiación justa, a ser más exigentes con el gobierno a la hora de fiscalizar la asignación de los escasos recursos con que contamos para impulsar las políticas de transformación económica y social que reclamamos.

DIÁLOGO SOCIAL PERMANENTE Y FLEXIBLE

Desde CCOO siempre hemos considerado que el diálogo social es útil en la medida en que pueda dar respuestas a las demandas de la sociedad.

Desde el cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana, hemos trasladado al nuevo Consell la necesidad de recuperar el diálogo social como un instrumento de concertación capaz de definir las principales líneas de acción política en materia social y económica. En este sentido, hicimos una propuesta de impulsar un nuevo modelo de diálogo social de carácter permanente y flexible, asentado sobre tres pilares fundamentales. En primer lugar la atención a las personas, especialmente a aquellas que como consecuencia de la crisis siguen padeciendo sus efectos y que las sitúa en los umbrales (o más allá) de la pobreza y la exclusión social. En segundo lugar la recuperación económica, que debe venir de la mano del cambio de modelo productivo, apostando para ello por la reindustrialización, por una profunda reforma de nuestro modelo energético y por una apuesta clara por la I+D+i, como mecanismo de avanzar hacia una economía más prospera y competitiva a la vez que sostenible desde el punto de vista económico, social y medio ambiental. Por último, planteabamos la necesidad de repensar el funcionamiento de las administraciones públicas al tiempo que insistíamos en exigir una financiación autonómica justa.

Sobre esos tres ejes hemos estado trabajando los últimos meses con el Consell, UGT y CIERVAL y fruto de ese trabajo se pudo presentar el pasado día 25 una serie de medidas, que el Consell al aceptarlas las asume como compromiso ante la ciudadanía. No se agota con estas medidas lo que desde CCOO PV vamos a exigir al gobierno autonómico, pero supone un punto de partida que permite avanzar en cuestiones concretas que deben tener un efecto inmediato.

En el ámbito laboral hay una medida que nosotros consideramos central ya que permite garantizar la estabilidad y la calidad en el trabajo a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad laboral en empresas que prestan servicios para las administraciones públicas. La incorporación de cláusulas sociales a la contratación pública tal y como desde CCOO PV las hemos defendido supone no solo (que también) la incorporación de cláusulas que permitan la integración a personas con diversidad funcional, en riesgo de exclusión o que impulsen prácticas positivas respecto a la igualdad de genero. Nuestra propuesta que es ya un compromiso del Consell iba más allá y era de afectación al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de estas empresas.

Pasa en primer lugar por garantizarles la estabilidad en el empleo mediante mecanismos de subrogación, vinculando su trabajo con el puesto que ocupan y no con la empresa que (siempre de manera temporal) asume la prestación del servicio. Con esta cláusula, mientras la actividad que desarrolla un trabajador o trabajadora siga desarrollándose, tendrá derecho a subrogarse en las diferentes empresas que lo presten, con lo que el cambio de contrata dejará de ser un riesgo para su estabilidad laboral.

Además de la estabilidad, nuestra apuesta ha sido garantizar la calidad del empleo. Los mecanismos de concursos para la adjudicación de contratas de la administración pública donde el elemento determinante venía siendo el precio de las ofertas, con lo que la competencia entre empresas se centraba en pujar con propuestas económicas más baratas que acababan revertiendo siempre en las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la empresa adjudicataria (fundamentalmente en el salario), junto con las últimas reformas laborales que han venido a legalizar lo que antes eran casos claros de fraude laboral (empresas abonando salarios por debajo del convenio sectorial pactados en convenio de empresa o inaplicaciones de convenio pactadas con trabajadores que carecen de la más elemental capacidad de representación de sus compañeros y compañeras), había llegado a convertir estos concursos en autenticas carreras a la baja en condiciones laborales que acaban saldándose con adjudicaciones de contratas por varios años a empresas que habían presentado lo que se podría catalogar sin exageración alguna como bajas temerarias.

El incorporar cláusulas sociales que garanticen la calidad del empleo y que por tanto vinculen la concesión del contrato al cumplimiento (como mínimo) de las condiciones de trabajo pactadas en el convenio colectivo sectorial de referencia, supone eliminar la posibilidad de que empresas que pactan con sus trabajadores convenios por debajo del sectorial o inaplicaciones salariales para concurrir a estos concursos, puedan presentar mejores ofertas económicas sustentadas sobre la precarización de las condiciones laborales. La exigencia por parte de la administración pública de estos mínimos para la concesión y durante la ejecución de la contrata supone un giro importante en el papel que las administraciones valencianas venían jugando, ya que se habían convertido en uno de los mayores precursores de precariedad laboral en todos los sentidos. Este nuevo marco asumido a través del diálogo social viene a dignificar las condiciones de trabajo de tantas personas que desarrollan su trabajo de manera indirecta para las distintas administraciones públicas. El reto ahora será garantizar el cumplimiento de estas normas e impulsarlas también hacia el sector privado.

Un diálogo social permanente y flexible, que nos permita abordar los temas, acordarlos, implementarlos y todo esto hacerlo en un escenario de grandes limitaciones presupuestarias que nos obliga, al tiempo que reclamamos una financiación justa, a ser más exigentes con el gobierno a la hora de fiscalizar la asignación de los escasos recursos con que contamos para impulsar las políticas de transformación económica y social que reclamamos.

Derecho de huelga y democracia. A José Alcázar, Tomás García, Enrique Gil, Rodolfo Malo, Jerónimo Martín, Raúl Hernández, Edgar Martín y Armando Barco, (los 8 de Airbus)

Mañana juzgan a ocho compañeros míos. No los conozco personalmente, pero sin ninguna duda son mis compañeros. Compartimos compromiso social, luchas y la convicción de que sólo organizándonos podemos mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Su delito no es otro que defender mis derechos (y los tuyos).

La constitución española reconoce el derecho a huelga como un derecho fundamental y por tanto, especialmente protegido. El código penal por su parte mantiene en su artículo 315.3 un redactado franquista que persigue con más saña a quien en el ejercicio de su derecho monta un piquete de huelga que al que en el ejercicio de su poder (económico o de dirección) impide a alguien ejercer su derecho de huelga. Que hay una contradicción entre la Constitución y el Código Penal es evidente. Que el gobierno del PP, que ha modificado el Código Penal para limitar derechos y libertades, no ha querido adecuarlo al mandato constitucional también. Que un artículo como el 315.3 que llevaba décadas “dormido”, despierte simultáneamente en toda la geografía nacional con jueces y fiscales de diferentes comunidades autónomas empecinados en perseguir sindicalistas no parece fruto del azar y sí de una división de poderes muy desdibujada por no decir inexistente.

La ley mordaza, la de seguridad ciudadana, el encarcelamiento de dos titiriteros por hacer una sátira (con mayor o menor acierto) o la persecución sistemática de sindicalistas por defender derechos colectivos son algo más que síntomas de que algo no está funcionando bien.

Los más jóvenes no habrán oído hablar del Proceso 1001, pero el paralelismo es inevitable, nuestros compañeros, los de entonces y los de ahora, enfrentando penas de cárcel por defender nuestros derechos, los de la clase trabajadora.

Mañana, como entonces, sindicalistas de las Comisiones Obreras se sentaran delante del juez, habrán pasado entre un juicio y el otro más de cuarenta años, pero mientras algunas cosas parecerá que han cambiado poco, como esos héroes de la clase trabajadora que  viven la lucha con la generosidad del que sabe que el camino se hace andando, otras serán radicalmente distintas, en las calles, por suerte no sonará el ruido de sables que acompañó el Proceso 1001, pero tampoco sonará (lamentablemente) el clamor popular que entonces arropaba a los nuestros. Algunas veces da la sensación que nuestra democracia se ha hecho vieja antes incluso de haber madurado.

Algo no está funcionando bien cuando, en pleno siglo XXI, tenemos que insistir que Huelga No Es Delito.

Economía de diseño: Bajos salarios, paro y empleo precario

Ayer eran los datos del paro, hoy son los del PIB y mañana serán los que publique cualquier centro de estudios de cualquier entidad bancaria, la troika financiera de la Unión Europea o los guardianes del neoliberalismo saqueador de las FAES. Montañas de números que se retuercen sin demasiado rigor y sin ningún pudor para lanzar el mensaje de la recuperación económica con el objetivo de convencernos de que está pasando justo lo contrario de lo que estamos viendo y sufriendo.

Las políticas económicas de los últimos años, y la ausencia de políticas sociales han posibilitado esta “recuperación” que hace que las grandes fortunas acumuladas en pocas manos crezcan de manera insultante, mientras se produce un empobrecimiento del resto de los mortales ampliando lo que se conoce como brecha social.

 

Vereshchagin

Ya se crea empleo y esa tendencia se afianza, vociferan algunos trovadores del poder al tiempo que nos acusan de aguafiestas a los que ponemos el foco en la calidad del empleo que se genera. Les resulta imposible comprender que nos preocupemos por aspectos tan “superficiales” como que por el trabajo que cobrábamos algo más de 1.000 euros hace unos pocos años, estemos cobrando ahora menos de 800. “El dinero no es lo más importante” parecen querer decir los amantes del dinero.

La calidad del empleo es para nosotros los sindicalistas de CCOO fundamental, de hecho, es la calidad del empleo lo que sostiene todo lo demás, sostiene a la familia que le permite atender con salarios dignos sus necesidades básicas (alimentos, vivienda, etc,), sostiene a la economía ya que la estabilidad en el empleo y los salarios decentes permiten a las personas consumir y no sólo sobrevivir, sostiene el sistema público de pensiones ya que estas se calculan en base a las cotizaciones que dependen de los salarios que percibimos mientras estamos en activo, sostiene el definitiva la sociedad y permite definir el modelo de sociedad sobre criterios de mayor justicia y reparto.

Es por todo ello por lo que desde CCOO seguimos insistiendo en la necesidad de aumentar el SMI (para huir de salarios de miseria y provocar los efectos positivos que tienen para el conjunto de la economía salarios más elevados), en derogar la reforma laboral que condenó a nuestro mercado laboral a competir sobre la base de la devaluación salarial y el debilitamiento de la negociación colectiva, en implantar unos ingresos mínimos garantizados, especialmente en un momento en el que todavía hay más de cuatro millones de desempleados, la mitad de los cuales no tiene ningún tipo de prestación, insistimos también en la necesidad para la clase trabajadora de la configuración de un gobierno de izquierdas, que propicie un giro de 180º en las políticas que han arruinado al país y sus gentes en lo económico y que han supuesto un paso atrás de 40 años en lo social, con leyes tan reaccionarias como la ley mordaza, entre otras, o criminalizando el ejercicio de huelga con la aplicación del 315.3 del Código Penal a los sindicalistas, que se enfrentan hoy a penas de prisión y multas administrativas por defender los derechos laborales y sociales de toda la ciudadanía. No dejemos escapar la oportunidad, frente a los tacticismos partidistas se sitúan las necesidades inmediatas de una sociedad castigada y empobrecida. 

Sobre el ejército de reserva y algo más...

Pensar que aumentar la lista del paro es un objetivo de la derecha económica y política de este país sería tan absurdo como no darse cuenta que es un medio. Un alto volumen de desempleo  genera un estado de ánimo colectivo pesimista, derrotista, intensifica, dependiendo del grado de regulación existente en cada uno de los mercados de trabajo, el juego entre la demanda y la oferta de trabajo, y con ello produce un deterioro de las condiciones de trabajo, y construye todo un relato alrededor del mundo del trabajo que criminaliza al parado y, curiosamente, también a los trabajadores con condiciones de trabajo dignas.

No es nueva esa lógica de “no te quejes, tú al menos tienes trabajo” o en su versión reflexiva “bueno, no es lo que me gustaría, pero seguro que con el tiempo mejora”. El tiempo, que suele cicatrizar algunas heridas, tanto del cuerpo como del alma, se presenta, de manera engañosa, también en el mercado laboral, como un antídoto al problema del paro y la precariedad. Es cuestión, se repite desde altas instancias económicas, de formarse, de empezar a trabajar, sin importar las condiciones de entrada. Lo demás, ser fijo, tener derechos, es cuestión de tiempo. Pues bien, esto no funciona así en el ámbito de los derechos sociales. En este terreno los cambios sólo se producen en base a una buena dosis de lucha y reivindicación mantenida, eso sí, en el tiempo. Sin esta terca búsqueda de mejoras sociales y laborales, los trabajadores y trabajadoras perderán, como algunos han descubierto estos últimos años, los derechos conquistados tras muchos esfuerzos durante décadas.

Acabamos de dejar atrás 2015, un año en el que algunos apuntan el inicio de la recuperación económica mientras otros denunciamos que ésta no será tal hasta que no llegue a casa de los trabajadores y trabajadoras (tengan o no trabajo).  En el País Valencià y en el conjunto del estado español comienza a crearse empleo, un dato que visto así, aislado de cualquier otro análisis, podría parecer positivo. Si observamos cuántos han desistido de buscar trabajo, los que han tenido que irse a buscarlo al extranjero, y, a todo ello añadimos, el tipo de empleo que se genera, la duración de los contratos, las condiciones de trabajo, los salarios, etc. la valoración, sinceramente, dista mucho de ser tan positiva como algunos pretenden apuntar.

El haber mantenido, durante tan largo periodo de tiempo como el que llevamos con esta crisis, unos niveles tan altos de desempleo , unido a un sistema de protección muy poco generoso, ha hecho caer estrepitosamente, tanto el volumen de población desempleada cubierta por el sistema, como las cuantías medias de la prestación recibida. Este contexto es esencial para explicar, no sólo el aumento del volumen de trabajadores desanimados que no tienen esperanzas en encontrar un empleo, o de aquellos cuya única salida laboral la encuentran emigrando a otros países, sino el fuerte deterioro que han sufrido las condiciones de empleo,  y como extensión de ello, el aumento de los niveles de pobreza y desigualdad. En resumen, personas trabajadoras más vulnerables y por ende más sumisas.

Los que durante estos últimos años han cargado contra el sindicalismo utilizando para ello todos los medios a su alcance (que son muchos), se ven hoy recompensados con este mercado de trabajo totalmente degradado. Recuperar derechos (y conquistar otros nuevos) y con ellos calidad de vida para la clase trabajadora, no es una tarea fácil, y para poder llevarla adelante, los primeros que deberían convencerse que es absolutamente necesario ponerse a ello, son los propios trabajadores y trabajadoras, que a través de su acción y organización, son los únicos capaces dotar al sindicalismo de la utilidad que ha tenido, que tiene y que debe seguir teniendo.

Deberíamos revisar, desde las organizaciones sindicales en general y desde las CCOO en particular, las razones por las cuales la mayoría de trabajadores y trabajadoras no participan de esta necesidad de organizarse para luchar por sus propias condiciones de trabajo/condiciones de vida. Y una vez revisados elementos importantes, como una legislación laboral que impide la celebración de elecciones sindicales en la inmensa mayoría de centros de trabajo de nuestro país (generando desafección respecto a los sindicatos de esos trabajadores), una legislación que ya ni siquiera garantiza (como hacía hasta 2012) la aplicación del convenio colectivo sectorial en las pequeñas empresas (que son la mayoría), un modelo de negociación colectiva de eficacia general con su cara y su cruz ya que permitía por una parte extender los efectos del convenio a la totalidad de los trabajadores pero que ha potenciado la falta de implicación de los trabajadores en la negociación y en la construcción y fortalecimiento de los sindicatos, una excesiva fragmentación de la clase trabajadora que no siempre ha sido atendida de la mejor de las maneras posibles por parte del sindicato o incluso un lenguaje que muchas veces en lugar de actuar como un pedagógico puente de información y de reflexión se ha convertido en una barrera entre la organización y la clase a la que representa.

Hay más elementos, muchos más, sin duda tan importantes como los enunciados, y del análisis de todos ellos debe surgir la propuesta, una propuesta sindical sobre el fondo y sobre la forma, que nos permita recuperar no sólo el prestigio, sino también la proximidad, que haga que el mensaje no lo sea del sindicato hacia sus afiliados, sino de sus afiliados al conjunto de la sociedad.

Por resumirlo en unas pocas palabras, tal y como dijo Antonio Gramsci:

"Instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza".