“Toda política que no hagamos nosotros, será hecha contra nosotros”

Primero de Mayo, el que hace 125 desde que empezamos a celebrarlo en España, el que hace cinco desde que el gobierno central (entonces el PSOE, ahora el PP) decidieron adoptar los recortes de derechos y de libertades como la fórmula mágica para la salida de la crisis. Ellos lo llamaron austeridad, yo me niego a usar ese término, la austeridad en sí puede no ser mala, el austericidio si que lo ha sido, una suerte de suicidio social y económico que ha hecho más larga y también más intensa la crisis en nuestro país.

Se hace preciso recordar algunas cosas, hablar de ellas, reflexionar.

Todos hemos oído hablar durante los últimos meses de los 8 de Airbus. Hay más, muchos más, hasta cerca de 300,  29 de ellos en el País Valenciano. Son compañeros y compañeras, sindicalistas en el sentido más amplio de la palabra que formaron parte de los miles de piquetes informativos que en las últimas huelgas generales hicieron posible que los polígonos industriales secundasen masivamente los paros convocados.

Interesa saber por qué, de qué se les acusa, qué artículo del Código Penal puede servir para llevar a estos compañeros y compañeras ante la justicia. Pero interesa también saber, para entenderlo todo un poco mejor, cuándo y quién decidió incorporar ese artículo a nuestro código penal.

Hay que rebobinar un poco para llegar al origen, al año 1976 exactamente, todavía no se había aprobado la Constitución del 78. Las normas que regían nuestra convivencia eran las del franquismo. Franco murió en la cama, pero la democracia no nació en esa habitación, ni en ningún despacho, la democracia la trajeron nuestras gentes, los obreros organizados principalmente en las CCOO y en el Partido Comunista. Las calles exigían cambios, eran tiempos duros, difíciles, arriesgados. En ese momento, las huelgas convocadas por nuestros compañeros se multiplicaban, dificultaban el propósito de muchos de continuar el franquismo sin Franco. En ese momento, los que ostentaban el poder sabían que tenían que  reprimir la protesta, se pusieron manos a la obra, una de las medidas, modificar el Código Penal, incorporar el redactado actual del artículo 135, la justificación no tenemos que imaginárnosla, podemos releer los motivos que el gobierno daba para tan urgente  reforma “hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga”.

Aquel artículo contenía (y contiene) tres referencias. La primera parece garantizar el derecho a la libertad sindical y la huelga penalizando a quienes los impidan o limiten. El segundo eleva la pena en caso de que la actuación antisindical se ejerza con violencia. El tercero (el que más nos interesa), castiga con esa pena incrementada a los que “coaccionen a otros a iniciar o continuar una huelga”.

Luego vino la aprobación de la Constitución, la aparición del Derecho de Huelga en su artículo 28 como derecho fundamental (especialmente protegido). La lógica y la técnica jurídica habría aconsejado una reforma del 315 del CP para adaptarlo a esa nueva mayor protección que el legislador quiso dar al derecho de huelga frente al derecho al trabajo, pero eso, lamentablemente no pasó.

Desde esos ya lejanos días de 1976 y hasta el momento actual, este artículo del Código Penal permanecía peligrosamente dormido. Estaba ahí, nadie lo usaba. La asunción de los convenios de la OIT en particular el 87 y el 98, la normalización de la libertad sindical como propia de un país democrático,  junto con otros derechos íntimamente ligados habían hecho “olvidar” la existencia de ese artículo.

Sería inocente por nuestra parte pensar que la recuperación prácticamente simultánea por parte de jueces de diferentes juzgados de España de esta figura penal es fruto de la casualidad, más difícil se hace el pensarlo conociendo las maniobras que durante los últimos tres años se están llevando a cabo desde la Organización Internacional de Empleadores en el seno de la OIT. Intentos de releer los convenios de libertad sindical, de excluir el derecho de huelga como derecho constitutivo de esa libertad sindical, de remover la extensa jurisprudencia  de la OIT contenida en resoluciones del COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL, del COMITÉ DE EXPERTOS y de la COMISIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS. Su táctica está siendo clara, boicotear cualquier demanda por vulneración del derecho de huelga.

El objetivo es claro, la limitación de la capacidad de actuación del sindicalismo de clase. Robarle el principal elemento que permite equilibrar unas relaciones de poder absolutamente desequilibradas, convertir al sindicato en una figura decorativa. Sin derecho de huelga en nuestro país no existe derecho sindical. Los intentos por eliminarlo no son una ocurrencia improvisada, forma parte de una hoja de ruta que ha supuesto modificaciones legislativas encaminadas a reducir derechos económicos, laborales y sociales por un lado y a frenar la protesta por otro.

Este Primero de Mayo salimos a la calle a decir que “Así no salimos de la crisis”, a decir que las políticas laborales y económicas, especialmente las de los últimos cinco años, son las responsables del empobrecimiento masivo, de la ampliación de la brecha social, de la baja calidad democrática que sufrimos, del deterioro del estado del bienestar. Pero salimos también a proponer, a decir que hay otra forma de hacer las cosas, donde las personas sean lo primero, donde la democracia sea mucho más que votar cada cuatro años, donde el trabajo de calidad y con derechos sea la norma y no la excepción.

Y salimos también a decirle al Partido Popular que este va a ser su último Primero de Mayo en el gobierno de la Generalitat Valenciana y del Estado  y a recordarle a los trabajadores que en una democracia tan castigada como la nuestra, la participación es más una obligación que un derecho y que como decía Joan Fuster, “Toda política que no hagamos nosotros, será hecha contra nosotros”.

VIVA EL PRIMERO DE MAYO

VIVAN LAS COMISIONES OBRERAS

FMI, la receta de la desigualdad.

A veces, al leer informes emitidos por renombradas instituciones, organizaciones, etc. se olvida que detrás del informe hay una persona, o muchas, con sus nombres, sus apellidos, sus filias y sus fobias y sobre todo su ideología (eso que algunos se empeñan en convencernos que está pasado de moda). No he leído nunca un informe neutro, siempre que alguien valora un dato, siempre que alguien plantea una receta, siempre hay detrás un objetivo que se puede valorar políticamente.

Durante los últimos años, hemos asistido a un crecimiento desmedido del ámbito de influencia de organismos como el FMI, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial y otros de menor entidad internacional que les acompañan en su particular cruzada. Alguno de estos organismos como el FMI que lleva décadas imponiendo sus tesis en otras latitudes con los nefastos resultados por todos conocidos, nos las ha traído hasta la vieja Europa y sus recetas han pasado a formar parte de la hoja de ruta económica de la mayoría de los gobiernos, con un coste social desgarrador.

No deja de sorprender, que un informe, recientemente premiado, del propio FMI (entidad poco sospechosa de abrazar teorías marxistas), venga a afirmar que “se ha producido un amento de la desigualdad por la creciente brecha salarial y que las diferencias de los ingresos se reducen cuanto mayor es el poder de los sindicatos, cuanto más formada está la población y cuanto más fuerte es el Estado del Bienestar”.

Y digo que resulta curioso por ser estas mismas las consecuencias de las políticas aplicadas por los gobiernos europeos al dictado de la Troika de la que el FMI es parte integrante. Y porque parece un insulto a la inteligencia que quien tanto ha hecho para generar esta situación, por generar las condiciones necesarias para bajar salarios, para debilitar sindicatos, para adelgazar el papel protector del Estado, salga ahora “denunciando” sus consecuencias.

Desde los sindicatos de clase se ha insistido mucho que el ataque al sindicalismo escondía un ataque brutal a los derechos más elementales del conjunto de la ciudadanía. Que debilitar la negociación colectiva era apostar por la desigualdad y quitarle armas al más débil para entregárselas al más fuerte. Que reduciendo la capacidad de intervención del sindicato, les iba a resultar más fácil seguir debilitando el Estado del Bienestar, mercadear con derechos.

La situación y la evolución de las cosas no son irreversibles, los que dictan las medidas a los gobiernos lo saben y nosotros lo sabemos. Es más, ellos también saben (y sabían) las consecuencias de sus propuestas. Invertir la tendencia, darle la vuelta a la situación no es misión fácil, hace falta trabajo y sobre todo organización.

Ellos saben que si rompen nuestras organizaciones lo tienen más fácil, nosotros deberíamos saber que salvarlas y fortalecerlas es para nosotros vital. Corrijamos los errores que tengamos que corregir y afrontemos la batalla, lo que pase mañana, todavía está por escribir.

DATOS y RELATOS

Que sufrido es el papel y que maleables resultan algunos datos. Estas son dos ideas que me vienen a la cabeza cada vez que el INE, el SEPE, la Seguridad Social o cualquier otro organismo oficial nos da a conocer los resultados de sus balances, estadísticas, encuestas o el formato que corresponda. Digo organismo oficial por diferenciar de esas otras encuestas pagadas por parte interesada que suelen publicarse regularmente, parece que más con la intención de orientar nuestro voto que con la de informar de manera mínimamente objetiva sobre una realidad concreta.

La última ha sido sobre la creación de empleo y ha servido para que el gobierno central y sus delegaciones territoriales saquen pecho y anuncien a los cuatro vientos lo bien que vamos. Hay que repetirlo muchas veces, en prensa, radio, televisión, redes sociales, vallas publicitarias y donde quiera que sea que puedan colarse. Lo repiten tanto que alguno puede acabar dudando si las cosas son como uno las ve o como a uno se las cuentan. Ha llegado la recuperación, crecemos más que nadie, creamos empleo y todo el mundo sonríe por las calles. Vivimos en un musical.

Pero en mi barrio, en mi pueblo, hay demasiada gente que no encuentra motivo alguno para sonreír, es curioso, muchas personas siguen sin trabajo, la mayoría de ellas incluso sin prestación. Y los que han ido encontrando un puesto de trabajo, son tan temporales, que ya ni siquiera duran semanas, se miden por días. Son tan precarios que la jornada laboral que reza en el contrato, a veces es más corta que el tiempo empleado en el desplazamiento de ida y vuelta a la empresa. Está tan mal retribuida que da vergüenza hablar de ello.

Establecer indicadores macroeconómicos para medir la evolución de las cosas es necesario, pero que esos indicadores reflejen una realidad es importante para evaluar esa evolución. Los tiempos en que tener un contrato de trabajo te alejaba de la pobreza y de la exclusión social, parece que han pasado. Tener contrato ya no garantiza eso y por tanto, medir sólo el número de contratos sin fijarnos en lo que hay detrás, es dejar el trabajo a medio hacer.

Saber el número de contratos que se hacen es importante. La calidad de esos contratos también. Esconder una realidad dura, todavía demasiado dura, detrás de un dato que de manera aislada puede parecer positivo, es irresponsable y a la vez peligroso.

En este país, la pobreza sigue aumentando, la brecha social ensanchándose y las condiciones de vida de una inmensa mayoría deteriorándose. Las reformas laborales, junto con otras muchas que han supuesto no sólo limitación de derechos, sino también de libertades suponen un lastre demasiado pesado para la construcción de una sociedad justa e igualitaria.

La propaganda puede empeñarse en dibujar un mundo feliz, pero la realidad sigue emborronando el cuadro.