1 de mayo... A la calle!

El lema con el que salimos a la calle este 1 de mayo,  No hay excusas, empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social, supone la exigencia de los cuatro puntos esenciales para el movimiento obrero sobre los que se tiene que sostener la tan anunciada recuperación que sigue sin llegar a la clase trabajadora.

Tras una década de recorte de derechos y de limitación de libertades, tras haber asistido al saqueo por parte de buena parte de nuestros gobernantes, que se han dedicado a convertir servicios públicos en negocios privados, hundiendo el país en un lodazal de corrupción y desigualdad, tras el auge de posiciones políticas que han venido a sumar al neoliberalismo el neofascismo en no pocos países (y del que el nuestro tampoco se escapa), es el momento de salir a la ofensiva, no ya a defender lo que tenemos, sino a recuperar lo que nos han robado.

El empleo estable no solo es deseable por facilitar la construcción de proyectos de vida a las personas, sino que también es un elemento esencial para el desarrollo de sociedades más cohesionadas. La elevadísima temporalidad en el empleo que sufre nuestro país, no es fruto de un capricho del azar que convierte en la clase trabajadora en material fungible, de usar y tirar. La temporalidad se sustenta en un modelo productivo degradado, en una legislación extremadamente flexible, en unos mecanismos de control del fraude insuficientes y en una cultura empresarial anclada en el siglo XIX que lo que persigue en el fondo no es más que maximizar el beneficio a través de la sumisión del trabajador o trabajadora.

Los salarios justos permiten, no solo garantizar una determinada calidad de vida a los trabajadores y trabajadoras en activo, sino que también contribuye a reforzar el sistema público de seguridad social y a garantizar la calidad de las futuras pensiones.  La crisis/estafa de la última década ha supuesto una devaluación de  entorno al 20% de los salarios que han pasado a representar menos de la mitad de la tarta del PIB nacional. Sin salarios justos, la clase trabajadora se empobrece y la sociedad se deteriora. En ese camino nos ha metido no solo la crisis, sino la gestión política que de ella se ha hecho y de manera muy clara, la reforma laboral, entre cuyos objetivos primordiales, junto con la debilitación del sindicalismo de clase se encontraba la degradación de la negociación colectiva y por supuesto, la devaluación salarial.

Las pensiones dignas, además de ser de justicia que quien durante toda su vida se ha dedicado a trabajar tiene derecho a disfrutar de una vejez con todas sus necesidades cubiertas y con calidad de vida, también es un mandato constitucional que en el art. 50 las garantiza, así como que sean periódicamente actualizadas.  Pensiones dignas son aquellas que les permiten a las personas mantener el nivel de vida que tenían mientras trabajaban, pensiones que se incrementan si se incrementa el coste de la vida, pensiones que no están al capricho del gobierno de turno. Recordemos aquí que tanto la viabilidad del sistema público de pensiones como la calidad de las pensiones que pueda ofrecer es una cuestión de voluntad política. Llevar como se pretende el debate de la sostenibilidad del sistema a cuestiones estrictamente técnicas supone un engaño a la ciudadanía. La constitución garantiza las pensiones públicas y por tanto, nada impide si el sistema es deficitario, se recurra a los PGE para hacer frente a su pago. El discurso dominante ha centrado todo el debate de pensiones en su insostenibilidad y la necesidad de reducir el gasto (endureciendo requisitos de acceso, retrasando la edad, eliminando la actualización automática vinculada al incremento del coste de la vida, etc) medidas todas ellas que bajo el falso relato de la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema, lo único que hacen es deteriorar la calidad del mismo y reducir el gasto. La sostenibilidad del sistema bien puede conseguirse sin reducir el gasto y por tanto sin excluir a gente de las prestaciones ni reduciendo las cuantías de las mismas, si se decide actuar sobre los ingresos, con medidas técnicamente posibles como destopar las bases máximas y hacer que quienes más cobran, más coticen, al contrario de lo que ocurre actualmente, lo que dotaría al sistema, no solo de más solvencia, sino también de más equidad.

Y más protección social para dar respuesta a tantas personas, a tantos colectivos, que se encuentran en pleno siglo XXI desamparadas, el Estado social que propugna nuestra Constitución en su artículo 1, no puede dar la espalda a la ciudadanía cuando ésta más lo necesita. No es posible que la mitad de los desempleados de este país no tengan acceso a ningún tipo de prestación, no es de recibo que en la crisis más dura de las últimas décadas, con niveles de paro altísimos, el gobierno decidiese reducir las prestaciones de desempleo, los retrasos en el reconocimiento de algunas prestaciones y un largo etcétera de situaciones no cubiertas, exigen actuaciones decididas. Desde CCOO ya presentamos una ILP exigiendo una renta mínima garantizada que pudiese ayudar a las personas en situación de mayor necesidad, seguramente no es suficiente, pero sí es totalmente necesaria.

El 1 de mayo es importante llenar las calles de reivindicación, no ya para frenar recortes, sino para lanzarse a la ofensiva, a recuperar derechos, para lanzarle un mensaje claro al gobierno actual y a los partidos que por activa o por pasiva lo sostienen, para decirle que no vamos a seguir siendo los paganos de sus prácticas corruptas, de su ambición de poder y de dinero desmesurada, que no nos van a amedrentar con leyes mordaza ni con ninguna otra medida de presión, que estamos cansados de que el futuro se parezca cada vez más al pasado y de que todo eso ya ha llegado a su fin. CCOO salimos a la calle, conscientes de las dificultades pero convencidos, como decía Joan Fuster “que tot està per fer i tot es possible”.

A la calle, por las personas que tienen un trabajo precario y por las que no tienen trabajo, por las que cobran una pensión y por las que cuentan los días para jubilarse, por las que acaban de perder el trabajo y por las que acaban de encontrarlo. A la calle, para recuperar derechos, para conquistar nuevos, para ganar el futuro…

¿Tienen futuro las pensiones?

Lo primero que me viene a la cabeza cada vez que tengo que hablar, escribir o debatir sobre el sistema público de pensiones es la necesidad de tener que explicar algo tan obvio como que se trata de un tema más político que técnico. Resulta obvio  que el sostenimiento de un sistema público que garantice pensiones suficientes precisa de una construcción técnica importante, pero lo fundamental es la decisión política sobre los niveles de cobertura social que nuestro Estado está dispuesto a garantizar a las personas que alcanzan determinada edad y por tanto, del nivel de vida que queremos para nuestros mayores. 

La Constitución Española define nuestro Estado como social y democrático de Derecho en su artículo 1. Aunque algunos pasan de puntillas y otros directamente lo pisotean, hay que tener presente que un Estado social debe velar por el bienestar de su ciudadanía a lo largo de todas las etapas de la vida, también en la vejez. Además, nuestra Constitución en el art. 50 lo concreta en los siguientes términos: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. 

Vale la pena detenerse a analizar lo que la Carta Magna exige a los poderes públicos y que no es otra cosa que la suficiencia económica a la ciudadanía durante la tercera edad y le dice además como debe hacerlo: mediante pensiones adecuadas y “periódicamente actualizadas”. 

¿Qué son pensiones adecuadas? Puede parecer un concepto abstracto y en cualquier caso altamente subjetivo, pero deja claro que serán adecuadas aquellas que les permitan tener suficiencia económica, dicho de otro modo, que económicamente (al menos) les permita llevar una vida digna. Añade además un elemento que para CCOO es central, su actualización periódica. Sobre este tema vale la pena desarrollar unas pocas líneas. Si recordamos el tan denostado por algunos, Pacto de Toledo, en el mismo, entre otras cosas se consiguió apartar la actualización de las pensiones del debate político-partidista. Un mecanismo simple que vinculaba el incremento anual de las pensiones a la evolución del IPC y que por tanto con un efecto directo muy claro, mantener el poder adquisitivo de la pensión durante toda la vida de la persona pensionista. Recordemos que este mecanismo fue atacado en su momento por el PSOE al congelar las pensiones el año 2011 y destrozado posteriormente por el PP al imponer de manera no pactada el Índice de Revalorización de Pensiones que desvincula el incremento de las mismas de la evolución del IPC. 

Antes de adentrarnos en las últimas reformas y sus efectos, creo que es importante recordar que otro elemento constante en la debate de las pensiones desde finales del siglo pasado, el mantra de “el sistema público de pensiones es insostenible” y ante tal apocalíptica afirmación, se han elaborado propuestas de todo tipo que bajo la promesa de hacer “sostenible” el sistema, lo han ido transformando en “insuficiente” (al reducir la cuantía de las pensiones y evitar su actualización) e “inaccesible” (elevando los requisitos de acceso lo que minimizará la prestación de muchas personas). En este sentido, siempre me ha resultado muy revelador recordar como para el año 2.000 se presagiaban grandes males para la humanidad en general y para el sistema público de pensiones en particular. 

Algunos recordaréis como se anunciaron tres acontecimientos importantes, dos de los cuales iban a afectar al conjunto de la población mundial y el tercero sólo a los españoles y españolas (en el supuesto caso de haber superado los dos anteriores). El primero de ellos era el “efecto 2.000” que iba a inutilizar todos los ordenadores del planeta. Mucho se escribió sobre aquello y algunos, los más previsores no repararon en gastos para hacerle frente. Diecisiete años después podemos arriesgarnos a afirmar que aquello no produjo el efecto esperado (o al menos se está retrasando bastante). El segundo acontecimiento, más preocupante si cabe que el anterior, fue la predicción del polifacético diseñador Paco Rabanne de que ese mismo año 2.000 llegaría el fin del mundo (lo cual colocaba el problema informático en un segundo plano). Con los datos que dispongo, me puedo arriesgar a aventurar que tampoco esto sucedió. El tercer acontecimiento, cuyos efectos se circunscribirían exclusivamente al ámbito nacional, fue la predicción por parte del BBVA de la quiebra del sistema público de pensiones (no nos consta que fueran asesorados por Paco Rabanne) y por supuesto, como no podía ser de otra manera, la altruista propuesta por parte del BBVA en particular y por el sistema bancario en general de que nos hiciéramos planes de pensiones privados. Bueno, casi dos décadas después de todo aquello, y a pesar de las múltiples agresiones sufridas por quienes anunciando su fin no paran de toquetearlo, nuestro sistema público de pensiones goza de mejor salud que cualquiera de los privados. 

Analicemos ahora en que situación se encuentran por un lado la sostenibilidad del sistema y por otro como se está garantizando que las pensiones sean “adecuadas y periódicamente actualizadas”. 

Como sabemos, el sistema publico de pensiones español, es un sistema contributivo y de reparto que se sostiene sobre la solidaridad intergeneracional (los activos de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy). Se trata de un sistema contributivo por nutrirse de las aportaciones que realizamos trabajadores y empresarios y por ser precisamente el hecho de haber realizado esas aportaciones, lo que nos da derecho a percibir llegado el momento, la pensión correspondiente. De esta breve explicación se puede deducir una primera idea: para que el sistema sea sostenible, debe existir un equilibrio entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Ha sido una obsesión de los últimos gobiernos, a la que ha contribuido de forma importante la presión del lobby financiero, el extender la idea de que la sostenibilidad solo era posible actuando sobre los gastos del sistema. Con esa premisa como base para todas las “propuestas” que se han ido elaborando, han jugado con factores como “retrasar la edad de jubilación” (hacer que la gente contribuya durante más tiempo, para cobrar durante menos), “endurecer los criterios de acceso” (exigir más años cotizados para acceder al 100% de la pensión), “eliminar la actualización automática vinculada al IPC” (con lo que las pensiones no crecen al mismo ritmo que el coste de la vida y los pensionistas pierden poder adquisitivo), etc.

Los gobiernos han hecho durante todo este tiempo oídos sordos a las propuestas que desde CCOO y también desde algunos partidos de izquierdas se han ido realizando, de poner el foco en los ingresos. Es ahí donde se puede actuar para hacer real aquello que la Constitución establece como derecho para todas las personas, las pensiones adecuadas y actualizadas. 

Actuar sobre los ingresos se puede hacer de diferentes formas. Una primera es generando más y mejor empleo, actuando también sobre los salarios, incrementando el SMI lo que habría supuesto, no solo la mejora directa de condiciones de vida para muchos trabajadores y trabajadoras, sino también, el incremento de las bases mínimas de cotización y de la recaudación. No olvidemos que las cotizaciones dependen de manera directa de los salarios. 

En esa misma línea de incrementar los ingresos, se ha planteado la necesidad de incrementar las bases de cotización máximas. Esta medida, además de incrementar ingresos, según nuestros cálculos, unos 8.626 millones de euros/año más de cotización, también supondría dotar de mayor equidad al sistema ya que hoy, los salarios más bajos soportan una cotización mucho más alta que los salarios más altos y por tanto, contribuyen en mayor medida al sostenimiento del sistema. 

Se han propuesto más medidas, como que los gastos de gestión de la Seguridad Social, corran a cargo de los presupuestos generales del estado (como ocurre con el resto de administraciones del Estado) y no a cargo de las cotizaciones de empresas y trabajadores. Esta medida supondría un ahorro anual de más de 2.640 millones de euros. 

Convertir los programas de reducciones a la contratación en programas de bonificación con lo que las políticas activas de empleo pasarían a ir a cargo de los PGE en lugar de hacerlo con cargo a la Seguridad Social (600 millones de euros en 2013).

Estas medidas junto con algunas más y una decidida persecución del fraude a la Seguridad Social en nuestro país, supondría un incremento de los ingresos que podría ir mucho más allá del pretendido ahorro que el ejecutivo persigue a través de la imposición del Factor de Sostenibilidad y el Índice de revalorización de Pensiones.

A modo de conclusión, señalar que aunque hay multitud de elementos que condicionan la estabilidad de nuestro sistema público de pensiones, ninguno de ellos por si solo es determinante, como se ha querido señalar al apuntar por ejemplo aspectos demográficos y de esperanza de vida descontextualizándolos de otros elementos como la evolución de los salarios y de la productividad. El jugar con todos ellos de manera ponderada es lo que nos puede y nos debe permitir, en la línea de las propuestas lanzadas por CCOO, dotar al sistema de sostenibilidad, incrementando los ingresos, para poder mantener la calidad del mismo y sus niveles de cobertura, sin olvidarnos, que el mandato constitucional, el Pacto de Toledo e incluso la misma Ley General de la Seguridad Social, no cierran la puerta a que en caso de necesidad, se pueda financiar, también por vía presupuestaria. Por ello CCOO, va a seguir defendiendo un sistema público de pensiones sostenible, actualizado y que garantice la vida digna de las personas. Es urgente un cambio de políticas que generen empleo estable y de calidad; derogar las reformas laborales, mejorar los salarios y reforzar las redes de protección social. Sin ese cambio de rumbo la crisis nunca terminará para la mayoría social, para la clase trabajadora. Es una exigencia social, económica y democrática.

CCOO PV, un sindicato a la ofensiva

Pasada ya casi una semana del XI Congreso de CCOO PV, pienso que es momento de valorar la situación en la que se encuentra la organización y sobre todo de proponer estrategias sindicales de cara al futuro.

Consciente de que el papel (y su versión digital) lo soporta casi todo, hemos asistido estos días, por parte de ciertos medios de comunicación, a un relato que se sostiene sobre lo anecdótico (seguramente la simplificación y la caricaturización de las posiciones vende más que el análisis riguroso) obviando que la organización se encuentra involucrada en un proceso que se había ido definiendo ya hace muchos meses y que debía concretarse en poner en práctica aquello que habíamos debatido en la experiencia de “repensar el sindicato” y que ha nutrido buena parte de los documentos que están formando parte de los procesos congresuales.

En mi opinión, se ha tratado de situar la confrontación de ideas en el terreno de los personalismos, siendo esta una simplificación peligrosa ya que sitúa la organización en el terreno de la inacción política, presa de una inercia peligrosa. En este congreso se han enfrentado dos formas de ver y de entender CCOO PV, una organización sindical y sociopolítica, con una tradición de lucha en los centros de trabajo y en las calles que hay que renovar para adaptarla a los nuevos tiempos, estos que nos toca vivir, en los que una parte importante de la clase trabajadora o no tiene trabajo o si lo tiene es tremendamente precario, donde se han ido desdibujando las relaciones laborales, donde ha crecido la desprotección y la desigualdad, donde tras años de conquista de derechos, vivimos una década de pérdida de los mismos, de falta de identidad, de confusión generalizada. El sindicato es el mayor garante de igualdad de las democracias, no solo para la mejora de las condiciones de trabajo, sino también para tejer redes de protección social para las personas.

El proceso de “repensar el sindicato” nos ha servido para escuchar a los dirigentes, también a las bases, y aunque algunas preguntas no han encontrado respuesta, se han construido, a partir de ahí, propuestas colectivas. Una organización más abierta y horizontal, hacia dentro y hacia fuera, más próxima y menos interiorizada. Uno de los motivos de discrepancia entre las dos candidaturas presentadas en nuestro congreso era precisamente esa forma de entender el sindicato, por eso, aun sin compartir la extraordinariedad de un tercer mandato por parte del secretario general, pero entendiendo que se había asumido la responsabilidad de configurar una dirección plural, se presentaron propuestas construidas desde la idea de una única dirección que recogiese esa diversidad. No se supo (o no se quiso) entender, y el giro de timón en tiempo de descuento se acompañó de un relato más propio de una novela negra y que permitiese evitar el verdadero debate.

Otra de las conclusiones de “repensar el sindicato” era la necesidad de recuperar nuestro espacio en la sociedad. Un sindicato menos interiorizado. Tras casi una década de ataque sistemático al sindicalismo en general y a CCOO en particular, necesitamos pasar de la resistencia a la ofensiva, retomar la referencia en la movilización social, liderando o acompañando, creando hegemonía, ilusionando al conjunto de la clase trabajadora. Nuestra doble estructura nos permite atender los dos frentes, las federaciones en los centros de trabajo, los territorios en la sociedad. CCOO PV es una organización territorial, tiene un papel sociopolítico claramente definido y que no puede limitarse a su papel institucional (absolutamente necesario pero no suficiente). Proponer una candidatura donde se combina la experiencia en órganos de dirección con la incorporación de dirigentes sindicales provenientes de sus centros de trabajo y con activistas sociales (feministas, LGTBI, Derechos Humanos), pretendía precisamente eso, dotar a los órganos de dirección de una visión más plural, más panorámica (si se quiere) de esta realidad compleja en la que estamos inmersos.

En las entrevistas que hemos podido leer este fin de semana, Arturo León, nuevo Secretario General, ha manifestado en repetidas ocasiones que el sector que han venido llamando “continuista” ha hecho ofertas más que generosas durante el proceso de negociación. Sería necesario aclarar, para olvidarnos ya de este tema y poder mirar cara al futuro (ese era nuestro lema del congreso), que esas ofertas calificadas como “más que generosas” mantenían vetos en lo cualitativo (se vetaba la participación de una parte importante de la organización en los espacios de gestión interna del sindicato) y en lo cuantitativo (se concretaban en un 25% de presencia en los órganos de dirección, incrementada posteriormente a un 30%, y que como han evidenciado las votaciones, quedaban muy lejos del 45% de respaldo obtenido en el propio congreso).

Así que una vez pasado el congreso y a falta de conocer la configuración de los equipos de dirección, es importante definir hacia donde debe ir el sindicato para dar respuesta a los importantes retos que tenemos que afrontar.

Una dirección de integración sería una apuesta estratégica inteligente en un contexto político complicado. La confrontación vivida no puede (no debe) ser sostenida durante los cuatro años que nos separan del próximo congreso. El sindicato debe afrontar sin más demora retos en lo interno y en lo externo.

En el interno debemos ser capaces de construir un equipo de dirección plural, donde todas y todos nos podamos sentir reconocidos y donde, independientemente de la lista a través de la cual accedió a la dirección, se pueda aportar el mejor saber hacer al conjunto de la organización. Tenemos retos organizativos y retos de gestión. En lo organizativo debemos avanzar en transparencia y participación, en aprovechar sinergias y que las organizaciones que conforman la Confederación de CCOO del País Valencià se complementen para fortalecerse, frente a las tácticas de confrontación entre nuestras organizaciones que nos acaban debilitando. En la gestión, recordar que a final de este año finalizará el ERTE que venimos aplicando y que nos ha permitido realizar (junto con otras medidas), ajustes importantes en la partida de personal. Es necesario establecer un diálogo con el Comité de Empresa para identificar las posibilidades de actuación y trabajar el consenso necesario para acometerlo. Los esfuerzos que hemos realizado y los que nos va a tocar realizar, deben servir para identificarnos todos, sindicalistas, dirigentes, trabajadoras y trabajadores de CCOO PV en un proyecto común, sólido, potente y de futuro.

En el externo tenemos que recuperar el protagonismo en la sociedad que corresponde a la primera organización no solo sindical, sino también social, del País Valencià. Tejer redes de complicidad con los movimientos sociales, con la sociedad civil organizada. Ganar interlocución con el Govern de la Generalitat para impulsar políticas progresistas, de recuperación de derechos para la clase trabajadora y para la ciudadanía en general. Se debe recuperar la gestión pública de los servicios prioritarios, poner en práctica una potente política industrial, e impulsar el papel de la GV como garante del empleo público y de calidad. Reforzar la presencia en las empresas, los polígonos, centros comerciales, de servicios públicos… y desde ahí hacer pedagogía y construir hegemonía. Son retos apasionantes y es el momento para iniciar esa ofensiva.

El tiempo de las resistencias quedó atrás, CCOO PV tiene que construir, y lo va a hacer, un proyecto para la mayoría social, un proyecto renovado, plural y útil a la clase trabajadora en un contexto tan nuevo como cambiante.

La renovación es ahora

¿Por qué la renovación es ahora?

Ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. El cambio no puede esperar. Nos hubiera gustado hacerlo de otra forma, consensuado, entre todas y todos, pero las resistencias y el miedo al cambio no son futuro. Es necesaria una nueva dirección si queremos un nuevo tiempo sindical. Así empieza una nueva etapa, ilusionante y alentadora, para que esta organización siga haciendo historia. El futuro nos pertenece.

Porque entendemos  que debemos volcarnos en la acción sindical y sociopolítica, de forma planificada y coordinada con todas nuestras realidades y organizaciones Es el momento de ideas, no de máximas inamovibles.

Porque debemos desplazar los personalismos y liderazgos por proyectos y equipos de trabajo, el aparataje burocrático por mecanismos dinámicos. Es el momento de cambiar la opacidad por la transparencia. 

Porque debemos reforzar los pilares de una organización equilibrada económicamente. No tenemos infinitos recursos, y no nos podemos permitir el lujo de desperdiciarlos. Es el momento de ser responsables en la gestión de lo que es de todos y todas.

¿Para qué esta candidatura?

A lo largo de los últimos años el sindicato se ha enfrentado a un proceso intencionado de descrédito del movimiento sindical, que no hemos sabido combatir. Pero también hemos cometido errores. Nuestra falta de reacción nos ha alejado en ocasiones de las trabajadoras y trabajadores. Seamos autocríticos para poder avanzar. La mirada crítica, también hacia nuestros actos, ha de ser un valor en la cotidianidad de nuestra organización.

Porque entendemos que en demasiadas ocasiones hemos estado, más pendientes de lo que ocurría en el interno de nuestra organización que lo que pasaba ahí afuera. Es necesario volcarnos hacia fuera, profundizar y mejorar nuestra capacidad de intervención en la empresa y en territorio, desde la humildad, con mayor cercanía y generosidad.

Naturalmente, tenemos, todas y todos, objetivos compartidos. Esto nos une. La lucha contra la injustica social, las desigualdades, la exclusión o el modelo social del patriarcado que conlleva el terrorismo machista, la mejora de las condiciones de trabajo, y el acceso a una vida digna. Son lugares comunes. Pero el cómo hacerlo no lo es.

Lo que se está pretendiendo es seguir en las mismas dinámicas y ahí las diferencias son importantes. Por ello esta candidatura. No podemos seguir como hasta ahora, gestionando desde el conflicto interno, desde las diferencias entre organizaciones, desde los personalismos…todo ello nos priva de un debate fructífero y por contra aumenta la opacidad, la desconfianza y nos aleja de lo importante. 

Nos aleja de nuestras afiliadas y afiliados, de nuestras delegadas y delegados Ellas y ellos son lo importante, son el sindicato, y deben sentir de forma continua el calor de una organización de clase como la nuestra. Ellas y ellos deben opinar, y también decidir, y no sólo en un congreso cada cuatro años, sino ante las grandes decisiones. La democracia se construye día a día porque siempre está en peligro. Y debemos alimentarla con el debate, educándola en la diversidad y fortaleciéndola con mecanismos de participación.

Compañeras y compañeros, esta candidatura apuesta fuerte por todos estos ideales, urge un cambio, un viraje, una nueva forma de acercarnos a esta realidad injusta, para transformarla. Necesitamos una organización que, orgullosa de su pasado y presente, mire sin complejos hacia un futuro más justo y democrático. Las Comisiones Obreras se lo merecen. Vamos a hacerlo.