Hoy se ha dado a conocer el nuevo
gobierno valenciano. Lo primero es felicitar y agradecer la valentía de todas
las personas que desde hoy asumen la nada fácil tarea de llevar las riendas del
gobierno autonómico en un contexto como el actual. Estamos en una situación de
alarma social en la que el paro, la pobreza y la ausencia de políticas sociales
adecuadas para paliar estas situaciones, están condicionando la vida de la
mayoría de la ciudadanía. Hacer frente a ello, debe ser el primero de sus
objetivos.
Mucho se viene escribiendo durante
las últimas semanas sobre lo que esperamos del nuevo gobierno, los trazos
gruesos de unas políticas diferentes a las que veníamos padeciendo que hagan
recuperar la confianza de la ciudadanía con sus gobernantes. En unas pocas
líneas quiero trasladarle al nuevo responsable de Economía sostenible,
Industria, Ocupación y Turismo, lo que en mi opinión, debe ser una prioridad en
el marco de las relaciones laborales y la política industrial.
En primer lugar, como responsable de
un una Consellería que le obligará a mantener contactos constantes con el
mundo del trabajo y por tanto con los sindicatos y las patronales, que trate de
entender como otros no fueron capaces de hacerlo, que el dialogo social es un
instrumento útil para todos. Que a los trabajadores nos debe servir para
intervenir en cuestiones que nos afectan como ciudadanos y que no se pueden
abordar en la negociación colectiva, todo aquello que tiene que ver con el
salario diferido y que condiciona de manera clara y directa nuestra calidad de
vida y nuestras posibilidades de desarrollo. Y que al gobierno le sirve para
permitir el impulso de políticas que cuentan con un respaldo social mucho más
amplio y participado. Por otra parte, considero que es importante revisar y
redefinir muchas cosas, cambiar inercias, reorganizar políticamente la
administración para que sea capaz de dar respuesta rápida y eficaz a las demandas
de una sociedad (y de un mercado de trabajo) que ha cambiado mucho y muy
rápido, alejándose de las instituciones que en demasiadas ocasiones se perciben
como anacrónicas en su funcionamiento. Esto nos debería exigir evaluar los
instrumentos y los espacios de participación y adaptarlos a la nueva realidad
para dotarlos de mayor eficacia. Lo importante no es reunirse, sino que las
reuniones sirvan para impulsar políticas que permitan cambiar el modelo
productivo, democratizar las relaciones laborales, anticipar respuestas a los
conflictos, etc...
En segundo lugar, recordar que el
País Valencià tiene una tasa de desempleo superior a la media nacional, unos
salarios inferiores y un tejido productivo extraordinariamente castigado por la
apuesta estratégica de las últimas décadas. Revertir esta situación no es fácil
y lo sabemos, pero no imposible, solo podremos hacerlo si diseñamos un plan de
trabajo ambicioso a la vez que sensato, evitando los atajos que nos llevaron
donde estamos, analizando necesidades reales y priorizando inversiones. En mi
opinión esto nos obliga a repensar muchas de las cosas que se venían haciendo,
desde la política industrial a la oferta de servicios.
En tercer lugar pero tan importante
como los anteriores y no menos urgente, existen en nuestra comunidad demasiadas
personas viviendo bajo el umbral de pobreza, que esta crisis y las políticas austericidas han arrastrado
hasta situaciones dramáticas que necesitan una respuesta inmediata por parte de
la administración. Se debe entender Que las prestaciones sociales no son
privilegios sino derechos, que la distribución de competencias entre autonomía
y estado no puede seguir siendo la excusa que deje a las personas sin esa
necesaria red de protección. El nuevo Consell y el nuevo Conseller tienen la
oportunidad de demostrar que los derechos sociales reconocidos en la
Constitución Española y en infinidad de leyes que la desarrollan, no son
palabras vacías, sino derechos reales y que por tanto, una de sus prioridades
será garantizar su concreción en beneficio de todas aquellas personas que tanto
lo necesitan.
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