Desde CCOO siempre hemos considerado que el diálogo social
es útil en la medida en que pueda dar respuestas a las demandas de la sociedad.
Desde el cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana,
hemos trasladado al nuevo Consell la necesidad de recuperar el diálogo social
como un instrumento de concertación capaz de definir las principales líneas de
acción política en materia social y económica. En este sentido, hicimos una
propuesta de impulsar un nuevo modelo de diálogo social de carácter permanente
y flexible, asentado sobre tres pilares fundamentales. En primer lugar la
atención a las personas, especialmente a aquellas que como consecuencia de la
crisis siguen padeciendo sus efectos y que las sitúa en los umbrales (o más
allá) de la pobreza y la exclusión social. En segundo lugar la recuperación
económica, que debe venir de la mano del cambio de modelo productivo, apostando
para ello por la reindustrialización, por una profunda reforma de nuestro
modelo energético y por una apuesta clara por la I+D+i, como mecanismo de
avanzar hacia una economía más prospera y competitiva a la vez que sostenible
desde el punto de vista económico, social y medio ambiental. Por último,
planteabamos la necesidad de repensar el funcionamiento de las administraciones
públicas al tiempo que insistíamos en exigir una financiación autonómica justa.
Sobre esos tres ejes hemos estado trabajando los últimos
meses con el Consell, UGT y CIERVAL y fruto de ese trabajo se pudo presentar el
pasado día 25 una serie de medidas, que el Consell al aceptarlas las asume como
compromiso ante la ciudadanía. No se agota con estas medidas lo que desde CCOO
PV vamos a exigir al gobierno autonómico, pero supone un punto de partida que
permite avanzar en cuestiones concretas que deben tener un efecto inmediato.
En el ámbito laboral hay una medida que nosotros
consideramos central ya que permite garantizar la estabilidad y la calidad en
el trabajo a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que desarrollan su
actividad laboral en empresas que prestan servicios para las administraciones
públicas. La incorporación de cláusulas sociales a la contratación pública tal
y como desde CCOO PV las hemos defendido supone no solo (que también) la
incorporación de cláusulas que permitan la integración a personas con
diversidad funcional, en riesgo de exclusión o que impulsen prácticas positivas
respecto a la igualdad de genero. Nuestra propuesta que es ya un compromiso del
Consell iba más allá y era de afectación al conjunto de los trabajadores y
trabajadoras de estas empresas.
Pasa en primer lugar por garantizarles la estabilidad en el
empleo mediante mecanismos de subrogación, vinculando su trabajo con el puesto
que ocupan y no con la empresa que (siempre de manera temporal) asume la
prestación del servicio. Con esta cláusula, mientras la actividad que
desarrolla un trabajador o trabajadora siga desarrollándose, tendrá derecho a
subrogarse en las diferentes empresas que lo presten, con lo que el cambio de
contrata dejará de ser un riesgo para su estabilidad laboral.
Además de la estabilidad, nuestra apuesta ha sido garantizar
la calidad del empleo. Los mecanismos de concursos para la adjudicación de
contratas de la administración pública donde el elemento determinante venía
siendo el precio de las ofertas, con lo que la competencia entre empresas se
centraba en pujar con propuestas económicas más baratas que acababan
revertiendo siempre en las condiciones de trabajo de los trabajadores y
trabajadoras de la empresa adjudicataria (fundamentalmente en el salario),
junto con las últimas reformas laborales que han venido a legalizar lo que
antes eran casos claros de fraude laboral (empresas abonando salarios por
debajo del convenio sectorial pactados en convenio de empresa o inaplicaciones
de convenio pactadas con trabajadores que carecen de la más elemental capacidad
de representación de sus compañeros y compañeras), había llegado a convertir
estos concursos en autenticas carreras a la baja en condiciones laborales que
acaban saldándose con adjudicaciones de contratas por varios años a empresas
que habían presentado lo que se podría catalogar sin exageración alguna como
bajas temerarias.
El incorporar cláusulas sociales que garanticen la calidad
del empleo y que por tanto vinculen la concesión del contrato al cumplimiento
(como mínimo) de las condiciones de trabajo pactadas en el convenio colectivo
sectorial de referencia, supone eliminar la posibilidad de que empresas que
pactan con sus trabajadores convenios por debajo del sectorial o inaplicaciones
salariales para concurrir a estos concursos, puedan presentar mejores ofertas
económicas sustentadas sobre la precarización de las condiciones laborales. La
exigencia por parte de la administración pública de estos mínimos para la
concesión y durante la ejecución de la contrata supone un giro importante en el
papel que las administraciones valencianas venían jugando, ya que se habían
convertido en uno de los mayores precursores de precariedad laboral en todos
los sentidos. Este nuevo marco asumido a través del diálogo social viene a
dignificar las condiciones de trabajo de tantas personas que desarrollan su
trabajo de manera indirecta para las distintas administraciones públicas. El
reto ahora será garantizar el cumplimiento de estas normas e impulsarlas
también hacia el sector privado.
Un diálogo social permanente y flexible, que nos permita
abordar los temas, acordarlos, implementarlos y todo esto hacerlo en un
escenario de grandes limitaciones presupuestarias que nos obliga, al tiempo que
reclamamos una financiación justa, a ser más exigentes con el gobierno a la
hora de fiscalizar la asignación de los escasos recursos con que contamos para
impulsar las políticas de transformación económica y social que reclamamos.
