La cara oculta del paro

Poco importa que miremos los datos publicados esta misma mañana del paro registrado o los que conocimos la semana pasada de la Encuesta de Población Activa (EPA), detrás se esconde una realidad con dos rostros.

Por una parte, el rostro de la desesperación en las alrededor de cuatro millones de personas que, expulsadas del mercado laboral, lo están pasando realmente mal, muchas de ellas mal viviendo en el umbral de la pobreza, otras, lamentablemente, ya lo han traspasado. Estas personas que observan con estupor el baile de cifras, los cientos de miles de contratos que se firman un mes tras otro, esos contratos que nunca llevan su nombre, pero que se firman, manteniendo un volumen exagerado de trabajadoras y trabajadores en la precariedad más absoluta, pendiente de una renovación que dependerá no ya de la situación económica general, ni siquiera de la situación económica de la empresa que los contrata, sino del capricho del empleador en la mayoría de las ocasiones. Resulta complicado entender, que ese puesto de trabajo que existía cuando el (o ella) llegó a la empresa, que lleva ocupando cerca de tres años, enlazando un contrato temporal con otro, y que seguirá existiendo mañana, cuando después de no renovarle el contrato, ni hacerlo indefinido (como debería haber sucedido desde el primer contrato), sea ocupado por otra persona, que vivirá uno de sus días más felices en mucho tiempo, al incorporarse por primera vez, o al volver a tener trabajo tras muchos meses, puede que algún año, de frecuentar oficinas de empleo y anuncios en periódicos y páginas web especializadas. Una felicidad que se sabe será efímera y cuya cuenta atrás comienza desde el mismo día de la firma. Trabajadores y trabajadoras de usar y tirar, material consumible, como el papel de oficina, un apunte más en la cuenta de gastos, no demasiado diferente a cualquier otro tipo de recurso.

Por otra parte, el rostro de una economía enferma. Una determinada política económica que ha apostado, de nuevo, por buscar atajos ya transitados y que por tanto se convierte en una apuesta no sólo arriesgada, sino suicida desde el punto de vista social. La creación de empleo, bastante insuficiente y estacionalizada, se caracteriza por la precariedad en una doble vertiente, por un lado precariedad en cuanto al tipo de contrato, el temporal frente al indefinido, por otro lado precariedad en cuanto a las condiciones, parcialidad involuntaria frente a jornada completa y unos salarios comparativamente más bajos. Estas características explican que aún con incrementos en la contratación, con reducción del paro o con incrementos en la afiliación a la Seguridad Social, siga produciéndose una caída en la recaudación de cotizaciones, lo que se explica fundamentalmente por la escasa calidad de las nuevas contrataciones.

La baja calidad del empleo generado tiene a su vez un doble efecto, por un lado, el directo en las personas que lo sufren, en muchos casos, el disponer de un empleo remunerado, ya no es garantía de capacidad adquisitiva que permita alejarse del umbral de la pobreza. Por otro lado, esta dinámica supone el mayor riesgo para el mantenimiento del sistema público de prestaciones sociales de carácter contributivo, especialmente las pensiones. La sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones no depende como se quiere hacer creer de la pirámide demográfica (que puede influir, pero en ningún caso determinar), sino de muchos otros elementos, entre ellos las disparatadas políticas de bonificaciones y subvenciones a la contratación con cargo a la seguridad social, que bajo la excusa de la creación de empleo (que no se produce), esconde una clara transferencia de rentas de los bolsillos de la clase trabajadora a los bolsillos de los empresarios. Si bien, el elemento central es la baja calidad del empleo, su volumen y los salarios que se abonan, ya que estos determinan la cantidad de las cotizaciones.

 

Los que han utilizado todos los instrumentos legales a su alcance para deteriorar la calidad del empleo, mediante reformas laborales y la debilitación de los mecanismos de control sobre el fraude, no tienen ninguna autoridad moral para hablar de garantizar el sistema público de pensiones contra el que trabajan con tanta dedicación. Un empleo estable y de calidad es no solo un derecho de cualquier ciudadano, sino también la mejor garantía de sostenibilidad y mejora de las pensiones públicas.

Se aprovechan de la vulnerabilidad  de los trabajadores repitiendo que este es un esfuerzo necesario para que el país salga de la crisis y se insiste en que esta es una circunstancia temporal que mejorará. Mezquindades que ocultan una manera interesada de gestionar la política y frente a las cuales, CCOO tiene alternativas.

DIÁLOGO SOCIAL PERMANENTE Y FLEXIBLE

Desde CCOO siempre hemos considerado que el diálogo social es útil en la medida en que pueda dar respuestas a las demandas de la sociedad.

Desde el cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana, hemos trasladado al nuevo Consell la necesidad de recuperar el diálogo social como un instrumento de concertación capaz de definir las principales líneas de acción política en materia social y económica. En este sentido, hicimos una propuesta de impulsar un nuevo modelo de diálogo social de carácter permanente y flexible, asentado sobre tres pilares fundamentales. En primer lugar la atención a las personas, especialmente a aquellas que como consecuencia de la crisis siguen padeciendo sus efectos y que las sitúa en los umbrales (o más allá) de la pobreza y la exclusión social. En segundo lugar la recuperación económica, que debe venir de la mano del cambio de modelo productivo, apostando para ello por la reindustrialización, por una profunda reforma de nuestro modelo energético y por una apuesta clara por la I+D+i, como mecanismo de avanzar hacia una economía más prospera y competitiva a la vez que sostenible desde el punto de vista económico, social y medio ambiental. Por último, planteabamos la necesidad de repensar el funcionamiento de las administraciones públicas al tiempo que insistíamos en exigir una financiación autonómica justa.

Sobre esos tres ejes hemos estado trabajando los últimos meses con el Consell, UGT y CIERVAL y fruto de ese trabajo se pudo presentar el pasado día 25 una serie de medidas, que el Consell al aceptarlas las asume como compromiso ante la ciudadanía. No se agota con estas medidas lo que desde CCOO PV vamos a exigir al gobierno autonómico, pero supone un punto de partida que permite avanzar en cuestiones concretas que deben tener un efecto inmediato.

En el ámbito laboral hay una medida que nosotros consideramos central ya que permite garantizar la estabilidad y la calidad en el trabajo a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad laboral en empresas que prestan servicios para las administraciones públicas. La incorporación de cláusulas sociales a la contratación pública tal y como desde CCOO PV las hemos defendido supone no solo (que también) la incorporación de cláusulas que permitan la integración a personas con diversidad funcional, en riesgo de exclusión o que impulsen prácticas positivas respecto a la igualdad de genero. Nuestra propuesta que es ya un compromiso del Consell iba más allá y era de afectación al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de estas empresas.

Pasa en primer lugar por garantizarles la estabilidad en el empleo mediante mecanismos de subrogación, vinculando su trabajo con el puesto que ocupan y no con la empresa que (siempre de manera temporal) asume la prestación del servicio. Con esta cláusula, mientras la actividad que desarrolla un trabajador o trabajadora siga desarrollándose, tendrá derecho a subrogarse en las diferentes empresas que lo presten, con lo que el cambio de contrata dejará de ser un riesgo para su estabilidad laboral.

Además de la estabilidad, nuestra apuesta ha sido garantizar la calidad del empleo. Los mecanismos de concursos para la adjudicación de contratas de la administración pública donde el elemento determinante venía siendo el precio de las ofertas, con lo que la competencia entre empresas se centraba en pujar con propuestas económicas más baratas que acababan revertiendo siempre en las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la empresa adjudicataria (fundamentalmente en el salario), junto con las últimas reformas laborales que han venido a legalizar lo que antes eran casos claros de fraude laboral (empresas abonando salarios por debajo del convenio sectorial pactados en convenio de empresa o inaplicaciones de convenio pactadas con trabajadores que carecen de la más elemental capacidad de representación de sus compañeros y compañeras), había llegado a convertir estos concursos en autenticas carreras a la baja en condiciones laborales que acaban saldándose con adjudicaciones de contratas por varios años a empresas que habían presentado lo que se podría catalogar sin exageración alguna como bajas temerarias.

El incorporar cláusulas sociales que garanticen la calidad del empleo y que por tanto vinculen la concesión del contrato al cumplimiento (como mínimo) de las condiciones de trabajo pactadas en el convenio colectivo sectorial de referencia, supone eliminar la posibilidad de que empresas que pactan con sus trabajadores convenios por debajo del sectorial o inaplicaciones salariales para concurrir a estos concursos, puedan presentar mejores ofertas económicas sustentadas sobre la precarización de las condiciones laborales. La exigencia por parte de la administración pública de estos mínimos para la concesión y durante la ejecución de la contrata supone un giro importante en el papel que las administraciones valencianas venían jugando, ya que se habían convertido en uno de los mayores precursores de precariedad laboral en todos los sentidos. Este nuevo marco asumido a través del diálogo social viene a dignificar las condiciones de trabajo de tantas personas que desarrollan su trabajo de manera indirecta para las distintas administraciones públicas. El reto ahora será garantizar el cumplimiento de estas normas e impulsarlas también hacia el sector privado.

Un diálogo social permanente y flexible, que nos permita abordar los temas, acordarlos, implementarlos y todo esto hacerlo en un escenario de grandes limitaciones presupuestarias que nos obliga, al tiempo que reclamamos una financiación justa, a ser más exigentes con el gobierno a la hora de fiscalizar la asignación de los escasos recursos con que contamos para impulsar las políticas de transformación económica y social que reclamamos.

DIÁLOGO SOCIAL PERMANENTE Y FLEXIBLE

Desde CCOO siempre hemos considerado que el diálogo social es útil en la medida en que pueda dar respuestas a las demandas de la sociedad.

Desde el cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana, hemos trasladado al nuevo Consell la necesidad de recuperar el diálogo social como un instrumento de concertación capaz de definir las principales líneas de acción política en materia social y económica. En este sentido, hicimos una propuesta de impulsar un nuevo modelo de diálogo social de carácter permanente y flexible, asentado sobre tres pilares fundamentales. En primer lugar la atención a las personas, especialmente a aquellas que como consecuencia de la crisis siguen padeciendo sus efectos y que las sitúa en los umbrales (o más allá) de la pobreza y la exclusión social. En segundo lugar la recuperación económica, que debe venir de la mano del cambio de modelo productivo, apostando para ello por la reindustrialización, por una profunda reforma de nuestro modelo energético y por una apuesta clara por la I+D+i, como mecanismo de avanzar hacia una economía más prospera y competitiva a la vez que sostenible desde el punto de vista económico, social y medio ambiental. Por último, planteabamos la necesidad de repensar el funcionamiento de las administraciones públicas al tiempo que insistíamos en exigir una financiación autonómica justa.

Sobre esos tres ejes hemos estado trabajando los últimos meses con el Consell, UGT y CIERVAL y fruto de ese trabajo se pudo presentar el pasado día 25 una serie de medidas, que el Consell al aceptarlas las asume como compromiso ante la ciudadanía. No se agota con estas medidas lo que desde CCOO PV vamos a exigir al gobierno autonómico, pero supone un punto de partida que permite avanzar en cuestiones concretas que deben tener un efecto inmediato.

En el ámbito laboral hay una medida que nosotros consideramos central ya que permite garantizar la estabilidad y la calidad en el trabajo a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad laboral en empresas que prestan servicios para las administraciones públicas. La incorporación de cláusulas sociales a la contratación pública tal y como desde CCOO PV las hemos defendido supone no solo (que también) la incorporación de cláusulas que permitan la integración a personas con diversidad funcional, en riesgo de exclusión o que impulsen prácticas positivas respecto a la igualdad de genero. Nuestra propuesta que es ya un compromiso del Consell iba más allá y era de afectación al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de estas empresas.

Pasa en primer lugar por garantizarles la estabilidad en el empleo mediante mecanismos de subrogación, vinculando su trabajo con el puesto que ocupan y no con la empresa que (siempre de manera temporal) asume la prestación del servicio. Con esta cláusula, mientras la actividad que desarrolla un trabajador o trabajadora siga desarrollándose, tendrá derecho a subrogarse en las diferentes empresas que lo presten, con lo que el cambio de contrata dejará de ser un riesgo para su estabilidad laboral.

Además de la estabilidad, nuestra apuesta ha sido garantizar la calidad del empleo. Los mecanismos de concursos para la adjudicación de contratas de la administración pública donde el elemento determinante venía siendo el precio de las ofertas, con lo que la competencia entre empresas se centraba en pujar con propuestas económicas más baratas que acababan revertiendo siempre en las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la empresa adjudicataria (fundamentalmente en el salario), junto con las últimas reformas laborales que han venido a legalizar lo que antes eran casos claros de fraude laboral (empresas abonando salarios por debajo del convenio sectorial pactados en convenio de empresa o inaplicaciones de convenio pactadas con trabajadores que carecen de la más elemental capacidad de representación de sus compañeros y compañeras), había llegado a convertir estos concursos en autenticas carreras a la baja en condiciones laborales que acaban saldándose con adjudicaciones de contratas por varios años a empresas que habían presentado lo que se podría catalogar sin exageración alguna como bajas temerarias.

El incorporar cláusulas sociales que garanticen la calidad del empleo y que por tanto vinculen la concesión del contrato al cumplimiento (como mínimo) de las condiciones de trabajo pactadas en el convenio colectivo sectorial de referencia, supone eliminar la posibilidad de que empresas que pactan con sus trabajadores convenios por debajo del sectorial o inaplicaciones salariales para concurrir a estos concursos, puedan presentar mejores ofertas económicas sustentadas sobre la precarización de las condiciones laborales. La exigencia por parte de la administración pública de estos mínimos para la concesión y durante la ejecución de la contrata supone un giro importante en el papel que las administraciones valencianas venían jugando, ya que se habían convertido en uno de los mayores precursores de precariedad laboral en todos los sentidos. Este nuevo marco asumido a través del diálogo social viene a dignificar las condiciones de trabajo de tantas personas que desarrollan su trabajo de manera indirecta para las distintas administraciones públicas. El reto ahora será garantizar el cumplimiento de estas normas e impulsarlas también hacia el sector privado.

Un diálogo social permanente y flexible, que nos permita abordar los temas, acordarlos, implementarlos y todo esto hacerlo en un escenario de grandes limitaciones presupuestarias que nos obliga, al tiempo que reclamamos una financiación justa, a ser más exigentes con el gobierno a la hora de fiscalizar la asignación de los escasos recursos con que contamos para impulsar las políticas de transformación económica y social que reclamamos.

Derecho de huelga y democracia. A José Alcázar, Tomás García, Enrique Gil, Rodolfo Malo, Jerónimo Martín, Raúl Hernández, Edgar Martín y Armando Barco, (los 8 de Airbus)

Mañana juzgan a ocho compañeros míos. No los conozco personalmente, pero sin ninguna duda son mis compañeros. Compartimos compromiso social, luchas y la convicción de que sólo organizándonos podemos mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Su delito no es otro que defender mis derechos (y los tuyos).

La constitución española reconoce el derecho a huelga como un derecho fundamental y por tanto, especialmente protegido. El código penal por su parte mantiene en su artículo 315.3 un redactado franquista que persigue con más saña a quien en el ejercicio de su derecho monta un piquete de huelga que al que en el ejercicio de su poder (económico o de dirección) impide a alguien ejercer su derecho de huelga. Que hay una contradicción entre la Constitución y el Código Penal es evidente. Que el gobierno del PP, que ha modificado el Código Penal para limitar derechos y libertades, no ha querido adecuarlo al mandato constitucional también. Que un artículo como el 315.3 que llevaba décadas “dormido”, despierte simultáneamente en toda la geografía nacional con jueces y fiscales de diferentes comunidades autónomas empecinados en perseguir sindicalistas no parece fruto del azar y sí de una división de poderes muy desdibujada por no decir inexistente.

La ley mordaza, la de seguridad ciudadana, el encarcelamiento de dos titiriteros por hacer una sátira (con mayor o menor acierto) o la persecución sistemática de sindicalistas por defender derechos colectivos son algo más que síntomas de que algo no está funcionando bien.

Los más jóvenes no habrán oído hablar del Proceso 1001, pero el paralelismo es inevitable, nuestros compañeros, los de entonces y los de ahora, enfrentando penas de cárcel por defender nuestros derechos, los de la clase trabajadora.

Mañana, como entonces, sindicalistas de las Comisiones Obreras se sentaran delante del juez, habrán pasado entre un juicio y el otro más de cuarenta años, pero mientras algunas cosas parecerá que han cambiado poco, como esos héroes de la clase trabajadora que  viven la lucha con la generosidad del que sabe que el camino se hace andando, otras serán radicalmente distintas, en las calles, por suerte no sonará el ruido de sables que acompañó el Proceso 1001, pero tampoco sonará (lamentablemente) el clamor popular que entonces arropaba a los nuestros. Algunas veces da la sensación que nuestra democracia se ha hecho vieja antes incluso de haber madurado.

Algo no está funcionando bien cuando, en pleno siglo XXI, tenemos que insistir que Huelga No Es Delito.

Economía de diseño: Bajos salarios, paro y empleo precario

Ayer eran los datos del paro, hoy son los del PIB y mañana serán los que publique cualquier centro de estudios de cualquier entidad bancaria, la troika financiera de la Unión Europea o los guardianes del neoliberalismo saqueador de las FAES. Montañas de números que se retuercen sin demasiado rigor y sin ningún pudor para lanzar el mensaje de la recuperación económica con el objetivo de convencernos de que está pasando justo lo contrario de lo que estamos viendo y sufriendo.

Las políticas económicas de los últimos años, y la ausencia de políticas sociales han posibilitado esta “recuperación” que hace que las grandes fortunas acumuladas en pocas manos crezcan de manera insultante, mientras se produce un empobrecimiento del resto de los mortales ampliando lo que se conoce como brecha social.

 

Vereshchagin

Ya se crea empleo y esa tendencia se afianza, vociferan algunos trovadores del poder al tiempo que nos acusan de aguafiestas a los que ponemos el foco en la calidad del empleo que se genera. Les resulta imposible comprender que nos preocupemos por aspectos tan “superficiales” como que por el trabajo que cobrábamos algo más de 1.000 euros hace unos pocos años, estemos cobrando ahora menos de 800. “El dinero no es lo más importante” parecen querer decir los amantes del dinero.

La calidad del empleo es para nosotros los sindicalistas de CCOO fundamental, de hecho, es la calidad del empleo lo que sostiene todo lo demás, sostiene a la familia que le permite atender con salarios dignos sus necesidades básicas (alimentos, vivienda, etc,), sostiene a la economía ya que la estabilidad en el empleo y los salarios decentes permiten a las personas consumir y no sólo sobrevivir, sostiene el sistema público de pensiones ya que estas se calculan en base a las cotizaciones que dependen de los salarios que percibimos mientras estamos en activo, sostiene el definitiva la sociedad y permite definir el modelo de sociedad sobre criterios de mayor justicia y reparto.

Es por todo ello por lo que desde CCOO seguimos insistiendo en la necesidad de aumentar el SMI (para huir de salarios de miseria y provocar los efectos positivos que tienen para el conjunto de la economía salarios más elevados), en derogar la reforma laboral que condenó a nuestro mercado laboral a competir sobre la base de la devaluación salarial y el debilitamiento de la negociación colectiva, en implantar unos ingresos mínimos garantizados, especialmente en un momento en el que todavía hay más de cuatro millones de desempleados, la mitad de los cuales no tiene ningún tipo de prestación, insistimos también en la necesidad para la clase trabajadora de la configuración de un gobierno de izquierdas, que propicie un giro de 180º en las políticas que han arruinado al país y sus gentes en lo económico y que han supuesto un paso atrás de 40 años en lo social, con leyes tan reaccionarias como la ley mordaza, entre otras, o criminalizando el ejercicio de huelga con la aplicación del 315.3 del Código Penal a los sindicalistas, que se enfrentan hoy a penas de prisión y multas administrativas por defender los derechos laborales y sociales de toda la ciudadanía. No dejemos escapar la oportunidad, frente a los tacticismos partidistas se sitúan las necesidades inmediatas de una sociedad castigada y empobrecida. 

Sobre el ejército de reserva y algo más...

Pensar que aumentar la lista del paro es un objetivo de la derecha económica y política de este país sería tan absurdo como no darse cuenta que es un medio. Un alto volumen de desempleo  genera un estado de ánimo colectivo pesimista, derrotista, intensifica, dependiendo del grado de regulación existente en cada uno de los mercados de trabajo, el juego entre la demanda y la oferta de trabajo, y con ello produce un deterioro de las condiciones de trabajo, y construye todo un relato alrededor del mundo del trabajo que criminaliza al parado y, curiosamente, también a los trabajadores con condiciones de trabajo dignas.

No es nueva esa lógica de “no te quejes, tú al menos tienes trabajo” o en su versión reflexiva “bueno, no es lo que me gustaría, pero seguro que con el tiempo mejora”. El tiempo, que suele cicatrizar algunas heridas, tanto del cuerpo como del alma, se presenta, de manera engañosa, también en el mercado laboral, como un antídoto al problema del paro y la precariedad. Es cuestión, se repite desde altas instancias económicas, de formarse, de empezar a trabajar, sin importar las condiciones de entrada. Lo demás, ser fijo, tener derechos, es cuestión de tiempo. Pues bien, esto no funciona así en el ámbito de los derechos sociales. En este terreno los cambios sólo se producen en base a una buena dosis de lucha y reivindicación mantenida, eso sí, en el tiempo. Sin esta terca búsqueda de mejoras sociales y laborales, los trabajadores y trabajadoras perderán, como algunos han descubierto estos últimos años, los derechos conquistados tras muchos esfuerzos durante décadas.

Acabamos de dejar atrás 2015, un año en el que algunos apuntan el inicio de la recuperación económica mientras otros denunciamos que ésta no será tal hasta que no llegue a casa de los trabajadores y trabajadoras (tengan o no trabajo).  En el País Valencià y en el conjunto del estado español comienza a crearse empleo, un dato que visto así, aislado de cualquier otro análisis, podría parecer positivo. Si observamos cuántos han desistido de buscar trabajo, los que han tenido que irse a buscarlo al extranjero, y, a todo ello añadimos, el tipo de empleo que se genera, la duración de los contratos, las condiciones de trabajo, los salarios, etc. la valoración, sinceramente, dista mucho de ser tan positiva como algunos pretenden apuntar.

El haber mantenido, durante tan largo periodo de tiempo como el que llevamos con esta crisis, unos niveles tan altos de desempleo , unido a un sistema de protección muy poco generoso, ha hecho caer estrepitosamente, tanto el volumen de población desempleada cubierta por el sistema, como las cuantías medias de la prestación recibida. Este contexto es esencial para explicar, no sólo el aumento del volumen de trabajadores desanimados que no tienen esperanzas en encontrar un empleo, o de aquellos cuya única salida laboral la encuentran emigrando a otros países, sino el fuerte deterioro que han sufrido las condiciones de empleo,  y como extensión de ello, el aumento de los niveles de pobreza y desigualdad. En resumen, personas trabajadoras más vulnerables y por ende más sumisas.

Los que durante estos últimos años han cargado contra el sindicalismo utilizando para ello todos los medios a su alcance (que son muchos), se ven hoy recompensados con este mercado de trabajo totalmente degradado. Recuperar derechos (y conquistar otros nuevos) y con ellos calidad de vida para la clase trabajadora, no es una tarea fácil, y para poder llevarla adelante, los primeros que deberían convencerse que es absolutamente necesario ponerse a ello, son los propios trabajadores y trabajadoras, que a través de su acción y organización, son los únicos capaces dotar al sindicalismo de la utilidad que ha tenido, que tiene y que debe seguir teniendo.

Deberíamos revisar, desde las organizaciones sindicales en general y desde las CCOO en particular, las razones por las cuales la mayoría de trabajadores y trabajadoras no participan de esta necesidad de organizarse para luchar por sus propias condiciones de trabajo/condiciones de vida. Y una vez revisados elementos importantes, como una legislación laboral que impide la celebración de elecciones sindicales en la inmensa mayoría de centros de trabajo de nuestro país (generando desafección respecto a los sindicatos de esos trabajadores), una legislación que ya ni siquiera garantiza (como hacía hasta 2012) la aplicación del convenio colectivo sectorial en las pequeñas empresas (que son la mayoría), un modelo de negociación colectiva de eficacia general con su cara y su cruz ya que permitía por una parte extender los efectos del convenio a la totalidad de los trabajadores pero que ha potenciado la falta de implicación de los trabajadores en la negociación y en la construcción y fortalecimiento de los sindicatos, una excesiva fragmentación de la clase trabajadora que no siempre ha sido atendida de la mejor de las maneras posibles por parte del sindicato o incluso un lenguaje que muchas veces en lugar de actuar como un pedagógico puente de información y de reflexión se ha convertido en una barrera entre la organización y la clase a la que representa.

Hay más elementos, muchos más, sin duda tan importantes como los enunciados, y del análisis de todos ellos debe surgir la propuesta, una propuesta sindical sobre el fondo y sobre la forma, que nos permita recuperar no sólo el prestigio, sino también la proximidad, que haga que el mensaje no lo sea del sindicato hacia sus afiliados, sino de sus afiliados al conjunto de la sociedad.

Por resumirlo en unas pocas palabras, tal y como dijo Antonio Gramsci:

"Instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza".

Recuperemos los servicios públicos.

A raíz de las propuestas que algunos partidos políticos han hecho en la campaña electoral previa a las últimas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, se ha vuelto a poner el foco sobre la recuperación por parte de las administraciones de determinados servicios públicos. El debate no es nuevo ni son los grupos políticos los primeros en ponerlo sobre la mesa. Un poco de memoria se hace necesaria para saber de donde venimos, donde estamos y hacia donde deberíamos ir.

Llevamos algunas décadas ya de procesos privatizadores impulsados desde las distintas administraciones y ejecutados con igual desparpajo por gobiernos del PP y del PSOE. Procesos que se han caracterizado por esconderse detrás del tan cacareado mantra “lo público es ineficiente, la gestión privada es más eficiente, ofrece mayor calidad y resulta más económica”. El tiempo y un análisis mínimamente riguroso del funcionamiento de todos esos servicios públicos han servido para desmontar esa absurda creencia que tantas veces hemos denunciado desde el sindicato. Los procesos de privatización de servicios públicos han sido fundamentalmente procesos poco transparentes, que han primado el interés particular de unos pocos frente al interés general de los administrados, procesos que en no pocas ocasiones se han situado en el epicentro de tramas de corrupción que han escrito y siguen escribiendo las páginas más vergonzosas de nuestra maltrecha democracia.

Comisiones Obreras ha mostrado, desde siempre, un rechazo frontal al proceso de privatización de servicios públicos, que además, y lamentablemente el tiempo ha demostrado que tan sólo ha servido para encarecer el servicio o deteriorar su calidad. Ambos elementos con efectos perversos sobre los trabajadores tanto en su condición de ciudadanos y usuarios de los mismos como en el más estricto sentido de trabajadores y trabajadoras que los prestaban, en peores condiciones laborales y con niveles de precariedad creciente.

La necesidad de contar con unos servicios públicos de calidad es una reivindicación constante de CCOO, y el estado de deterioro en que la acción de los diferentes gobiernos (tanto municipales como autonómicos o estatal) ha situado algunos de ellos, ha sido denunciado por activa y por pasiva. Una vez identificado el problema y definida de manera clara la posición que desde CCOO defendemos respecto a la prestación de servicios públicos, la cuestión es qué hacer con toda la infinidad de servicios y actividades que se han ido privatizando a lo largo de las últimas décadas.

Sería un error mayúsculo caer en la tentación de pensar que existe una solución aplicable a todos los procesos de recuperación de servicios públicos que pudieran iniciarse. Las diferencias entre unos y otros son enormes, en algunos casos marcadas por el diferente funcionamiento de la administración que puede llevar a cabo la recuperación (administración local, autonómica o estatal).  La naturaleza del servicios que se pretende recuperar también incorpora elementos diferenciadores, no se puede actuar de igual modo y desde luego no existe una fórmula en el terreno laboral que permita pensar en una única respuesta a los diferentes procesos de reversión, por citar sólo dos ejemplos, no se puede gestionar igual la recuperación de servicios sanitarios o educativos que la de determinadas actividades auxiliares vinculadas a cualquier administración.

Entrando en el estricto debate laboral sobre como se debe actuar y que líneas rojas nos podemos encontrar en estos procesos, considero que debemos ser capaces de casar, por un lado el cumplimiento de los requisitos constitucionalmente establecidos de acceso al empleo público (capacidad, mérito y publicidad), con el derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores y trabajadoras que vienen desarrollando su actividad laboral en las empresas privadas que venían prestando los servicios que ahora se pretende recuperar por parte de las diferentes administraciones.

Ser capaces de hacer posible lo segundo sin vulnerar lo primero, no es tarea fácil y además, como ya hemos dicho, difícilmente lo que se pueda hacer en un caso concreto sea posible hacerlo en otro diferente.

CCOO defiende el derecho al trabajo, a un trabajo estable y de calidad y en ese sentido es perfectamente consciente de que el proceso de recuperación de servicios públicos por parte de las administraciones públicas no puede, ni debe, convertirse en un mecanismo de expulsión de sus puestos de trabajo de miles de trabajadores que venían desarrollando su actividad, en algunos casos durante muchos años, en empresas privadas en condiciones de estabilidad laboral. Dicho de otra manera, la recuperación de servicios públicos no puede ser un factor de inestabilidad laboral para las personas que venían prestando esos servicios.

Al mismo tiempo y como ya hemos comentado, el acceso al empleo público supone  el cumplimiento de una serie de requisitos de carácter constitucional y por tanto no cabe la posibilidad de incorporar como trabajadores públicos a aquellos que no hayan accedido a su puesto de trabajo cumpliendo dichos requisitos.

Esta situación, que a primera vista pudiera parecer un callejón sin salida, se explica en buena medida por el propio desarrollo de los procesos de privatización así como por la evolución legislativa de las últimas décadas que iba habilitando mecanismos de expulsión de lo público y por tanto, que marcaban el camino en una dirección concreta, justo la contraria de la que nosotros siempre hemos defendido y que los partidos políticos que han accedido a los diferentes gobiernos a partir de las últimas elecciones municipales y autonómicas quieren emprender. No contar con una legislación que facilite hacer ese camino, es una dificultad añadida que habrá que salvar.

Aunque experiencias ya tenemos algunas y como ya se ha señalado no existe una fórmula universal para aplicar a estos procesos, considero que hay elementos (en materia laboral) que deben ayudar a encontrar los caminos que hagan posible recuperar la prestación de los servicios. La figura de construcción jurisprudencial del “indefinido no fijo” podría ser un punto de partida (no necesariamente de llegada).

Manteniendo la laboralidad de la relación, la estabilidad del empleo se mantendría en similares condiciones a las que se daba en la empresa privada, al jugar en este caso los mismos mecanismos de extinción del contrato de trabajo que se dan en cualquier relación laboral y las últimas sentencias han venido a aclarar de manera positiva el tratamiento indemnizatorio que correspondería.

Una breve referencia a los cambios que se han producido en materia indemnizatoria respecto a esta figura contractual (indefinido no fijo) de construcción jurisprudencial (no existe norma legal de creación de esta figura) ya que se ha pasado de asimilarlo a una suerte de interino sin derecho a indemnización, lo que convertía la relación laboral en absolutamente precaria (la simple amortización o cobertura de la plaza conduciría a la extinción contractual sin derecho a indemnización), hasta la reciente interpretación del Tribunal Supremo donde en una primera etapa se asimila la extinción a la finalización de un contrato de duración temporal y por tanto con derecho a la indemnización prevista para estos y en una más reciente todavía donde el TS asume como propias las tesis y reivindicaciones que en materia indemnizatoria se había hecho desde CCOO de acudir a los procedimientos establecidos en los artículos 51 y 52 del estatuto de los trabajadores (despidos colectivos y despidos objetivos), con lo que se establecen las indemnizaciones que para tales supuestos marca la ley, notablemente superiores a las establecidas para las finalizaciones de contratos temporales. Con esta última posición del TS se sitúa en las posiciones defendidas desde siempre por CCOO y casa perfectamente (por fin) con la normativa europea en esta materia.

Tal vez el siguiente paso (ya anticipaba que la figura del indefinido no fijo podría marcar el principio del camino, pero no el final), deba darse en la dirección marcada por la Ley 15/2014 de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa donde se incorpora la condición de “a extinguir” de las plazas que son “recuperadas” por la administración pública como fruto de los procesos de racionalización del sector público. La característica adicional que se incorporaría por esta vía es la limitación de las posibilidades de extinción de la relaciona laboral comentadas en los párrafos anteriores al limitarlas a las vacantes que se pudieran producir por “fallecimiento, jubilación o cualquier otra causa legal” y descartando por tanto la posibilidad de amortización, de convocatoria alguna para la cobertura de la plaza, lo que supone reforzar la estabilidad en el empleo de los trabajadores o trabajadoras afectados.

En cualquier caso y a modo de conclusión, se hace necesario repetir que no existe una fórmula única aplicable a todos los casos, que la negociación debe guiar estos procesos de recuperación de lo público, que es fundamental antes de iniciar los procesos un análisis riguroso de qué y cómo, evitando que se pueda convertir en un proceso de socialización de perdidas frente a los anteriores procesos de privatización de beneficios. Y fundamentalmente tener muy presente que nuestro objetivo siguen siendo unos servicios públicos de calidad para el conjunto de la ciudadanía como elemento vertebrador de una sociedad más justa, donde los trabajadores y trabajadoras que los presten disfruten de unas óptimas condiciones laborales.